Condena a Colombia por tres asesinatos paramilitares en 1994

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BOGOTÁ.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció este martes que condenó al Estado Colombiano por la muerte de Noel Omeara Carrascal, Héctor Álvarez Sánchez y Manuel Omeara Miraval, víctimas en 1994 de atentados paramilitares perpetrados en colaboración con las autoridades estatales. 

La condena incluye una indemnización de casi un millón de dólares para los familiares de las víctimas. 

Omeara fue tiroteado mientras comía en un restaurante en 1994 y murió cinco meses después en el hospital. Su hijo, empezó a investigar con la sospecha de que podría estar implicados agentes estatales. En agosto de ese año fue secuestrado y un mes después apareció su cadáver. En octubre fue tiroteado Héctor Álvarez, que quedó paralítico y murió en el año 2000. Sus familiares han estado buscando justicia desde entonces. 

La Corte recordó en la sentencia que el Estado colombiano aceptó parcialmente su responsabilidad en este caso, cuyos hechos ocurrieron en el departamento del Cesar. El tribunal “constató la existencia de vínculos entre miembros de la Fuerza Pública de Colombia y grupos paramilitares”y “estableció la relación que en ese momento habrían mantenido grupos paramilitares con el cuerpo de seguridad del Estado denominado Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase), integrados por miembros del Ejército Nacional, Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 

Asimismo, la Corte determinó que el Estado también es responsable por la violación de otros derechos de los familiares de las víctimas como el de la libre circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial. La Corte ordenó al Estado cumplir con las medidas de reparación económica y atención psicológica gratuita para los familiares de las víctimas, así como realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por este caso. 

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus fallos son de acatamiento obligatorio para los países miembros, como Colombia.