CIUDAD DE GUATEMALA.- La difícil situación que atraviesa una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, ha impactado a los mineros en toda Latinoamérica y advierte a las empresas de abordar problemas indígenas con cautela o estarán obligados a pagar las consecuencias.
En trabajo en la mina Escobal, donde la estadounidense Tahoe Resources ha invertido más de 500 millones de dólares, fue suspendido en 2017 por jueces en espera de la consulta de las comunidades indígenas cercanas, una decisión confirmada por el máximo tribunal de Guatemala en septiembre.
Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que dice tener unas 400.000 personas, se oponen a la mina ante preocupaciones de que dañará sus recursos ancestrales de tierra y agua.
El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que comience de “inmediato” las consultas, aunque el proceso ya esta´ña atascado en un litigio para definir cuáles comunidades deben participar.
La disputa expone los problemas a los que se pueden enfrentar las empresas con rivales cada vez más sofisticados, a menudo en combinación con activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía.
El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en la capital chilena, Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.
Asimismo, un informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2017 sostuvo que la falta de consultas adecuadas causó la gran mayoría de los 200 conflictos en proyectos extractivos en América Latina y el Caribe.
El informe también concluyó que en casi nueve de cada 10 casos los conflictos que involucraban a las comunidades indigenas empeoraron cuando no se consultó a los grupos potencialmente afectados.
