AMÉRICA LATINA.— A comienzos de 2022, la CEPAL entregó un informe donde detallaba cómo la pandemia de COVID-19 había aumentado los índices de pobreza en América Latina, llevando a que cinco millones de personas pasaran a engrosar la lista de «pobreza extrema”, esto es, la de quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
Un escenario terrible que está lejos de mejorar, pues la guerra en Ucrania provocó otro terremoto económico, y la región no se salvará de sus efectos.
El aumento de los costos de las materias primas, como el petróleo, y de distintos tipos de alimentos, impulsó el alza de los precios. Es un problema que se replica también en otras zonas del planeta. En lugares tan alejados como Sri Lanka, Argentina, Panamá y Bosnia, la ciudadanía ha salido a las calles a exigir medidas que permitan menguar el impacto de unos precios que suben más allá de la velocidad con que aumentan los salarios.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya lo había advertido en abril: el descontento social podría suponer una dificultad adicional para los gobiernos del mundo, y puso especial énfasis en América Latina.
Sin embargo, algo similar ocurre en Alemania, donde el alza del precio del gas y el peligro cierto de no contar con él para calefaccionar los hogares en el invierno ha llevado a entidades como la Asociación General de Arrendadores (GdW) a advertir que el malestar podría extenderse también en el país más poderoso de la zona euro.
En América Latina, además de Venezuela y Argentina, que sufren problemas inflacionarios que ya podríamos calificar de crónicos, los países más afectados hasta el momento han sido Brasil, Chile y Paraguay.
En esos casos podría deberse a una suma de factores externos e internos. Por ejemplo, en Chile la inflación aumentó primero por los retiros de miles de millones de dólares de los fondos de pensiones, que los expertos aseguran sirvieron para recalentar la economía.
Ante la presión inflacionaria, este lunes el Gobierno anunció una serie de medidas, como la entrega de un bono de 120.000 pesos a las familias más vulnerables.
Ecuador y Bolivia son las excepciones. En el caso boliviano, la inflación anualizada llega a 1,41 por ciento. «Hay una política económica del gobierno por cuidar el mercado interno, lo que significa cuidar las variables que controlan la inflación.
