BUENOS AIRES.- Evo Morales continúa haciendo campaña política desde Argentina, donde presentó a Luis Arce como el candidato presidencial de su partido y recientemente anunció su intención de ser senador por Cochabamba.
De a poco, Morales ha ido incrementado el tono de sus declaraciones ante la vista estéril del Gobierno argentino, incluso ha dicho mentiras respecto a lo que ocurrió en Bolivia y protagonizó un escándalo de 100 mil dólares.
“Fuerzas Armadas y Policía hicieron besar sus botas a los manifestantes”; “heridos dejaron los hospitales sin curación porque los acusaron de terroristas”; “la gente está retirando su dinero de los bancos”; “se cerraron 60 radios comunitarias, se persigue y detiene a periodistas”; “el gobierno golpista está acabando con los bonos”; “prohibieron la pollera en ceremonias del Estado”, y otras falacias más ha dicho Morales desde donde se encuentra en condición de refugiado.
Las falsedades se suman a otras que repite desde que renunció a la presidencia y huyó del país, después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) confirmara el fraude electoral del 20 de octubre pasado.
La Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (CONARE), que se rige por normas internacionales en acuerdo con las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), define al refugiado como “una persona que se encuentra fuera de su país debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y no puede o no quiere, debido a dichos temores, acogerse a la protección de su país”.
A diferencia del asilo político, que es otorgado por los gobiernos a individuos de otros países sin necesidad de justificar la decisión y en un corto tiempo para proteger su integridad física, el estatuto de refugiado es más abarcativo en su causales, tiene un carácter más humanitario y el individuo debe argumentar las razones para solicitarlo, tras lo cual el beneficiario goza de mayores derechos, pero también obligaciones.
El canciller argentino, Felipe Solá, explicó que se le ha pedido a Morales “el compromiso de no hacer declaraciones políticas» en la Argentina «sobre la política en Bolivia”, a pesar de que este pedido es fruto de una “convención política y personal entre el gobierno argentino y Morales”, ya que el estatuto de refugiado no incluye este tipo de reservas.
No obstante, Morales ha incomodado a la Administración de Alberto Fernández con sus declaraciones violentas, falsas o con escándalos que involucran cuantiosas sumas de dinero. Sin embargo y pese a esto, el gobierno argentino continúa mostrando su apoyo al exdirigente boliviano.
A comienzos del mes pasado una mujer fue detenida en el aeropuerto de La Paz intentando transportar 100 mil dólares sin declarar hacia Argentina. Supuestamente, la detenida estaría ligada al ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Por eso, desde el gobierno transitorio de Jeanine Áñez señalan que ese dinero tenía como destino a Morales.
Asimismo, desde Buenos Aires, Morales llamó a los bolivianos a formar “milicias armadas del pueblo, como en Venezuela”, en caso de que regresara a su país. El gobierno argentino le transmitió su malestar por esas expresiones y le hizo saber que no compartía el mensaje y le ordenó que baje el tono beligerante de su discurso.
Según el portal argentino Infobae, que cita fuentes calificadas de la Casa Rosada, el Presidente Alberto Fernández estaba un tanto molesto por las expresiones de Morales, pero no quiso hacer público su malestar para no entrar en sintonía con el gobierno de turno en Bolivia.
Desde La Paz se envió una carta firmada por la ministra de Relaciones Exteriores interina, Karen Longaric, a su homólogo argentino, para pedirle al gobierno de Fernández que repudie públicamente los dichos del expresidente boliviano. La respuesta de Buenos Aires fue que no van a contestar la misiva de un gobierno al que no reconocen, ya que la gestión de Áñez es considerada una dictadura por el Ejecutivo argentino.
En la misiva, que consta de cinco puntos, Longaric señala que Morales “se ampara en la figura del refugiado político (garantizada por el gobierno argentino) e incita a la violencia, el odio, la discriminación, la supervisión y el terrorismo”. “Ha cruzado la línea de legalidad, resguardándose en gobiernos y territorios que utiliza como base de operaciones para vulnerar la democracia y el Estado de derecho en Bolivia”, agregó.
En consecuencia, el documento expresa la preocupación del gobierno interino porque “Morales induzca a la República Argentina a infringir normas y principios internacionales que prohíben la injerencia en asuntos interinos de los Estados, la agresión, la violación de los derechos humanos y el terrorismo con todo lo que esto implica”.
Este lunes, Morales anuncio que su abogado y exministro de Interior ingresó a la embajada de Argentina en La Paz para ponerse “a buen recaudo”, tras denunciar que el gobierno de Áñez intentó detenerlo, otro salvavidas del gobierno argentino.
“Wilfredo Chavez está a buen recaudo. Nos informan que la dictadura quiere detenerlo y allanar sus oficinas. Uno de los objetivos del golpe del 10 noviembre es eliminar al MAS (Movimiento al Socialismo)”, aseveró Morales en Twitter desde Argentina.
El propio Chávez denunció en la misma red social que el “gobierno de facto” intentó detenerlo para impedir que formalizara la candidatura de Morales al Senado para las elecciones generales del 3 de mayo, tras las que el Morales quiere regresar a Bolivia.
Morales, que afronta una orden de detención en Bolivia por los delitos de sedición y terrorismo, anunció posteriormente que logró presentar los requisitos para postularse a senador por la región de Cochabamba.
Algo no menos importante fue la advertencia de Estados Unidos a Alberto Fernández sobre sus medidas de política exterior, en particular el caso de Evo Morales, que podrían poner en peligro tanto el apoyo del Fondo Monetario Internacional como la inversión norteamericana en los campos de shale y gas del país.
Un funcionario de La Casa Blanca citado por la agencia Bloomberg señaló que el haber dado asilo a Morales y comprometerse con la dictadura en Venezuela, cruzaba un límite que podría costarle a Argentina el respaldo de nuevos fondos e inversiones del FMI en Vaca Muerta.
