ARGEL.- El parlamento argelino confirmó oficialmente al presidente del Senado, Abdelkader Bensalah, como jefe interino del estado durante los próximos 90 días, en reemplazo de Abdelaziz Bouteflika, quien gobernó el país durante casi dos décadas.
La decisión de designar al presidente interino sigue a la del consejo constitucional de declarar vacante la presidencia después de que Bouteflika presentara su renuncia la semana pasada. El mandatario se retiró después de casi dos meses de protestas.
«El deber nacional me obliga a asumir esta gran responsabilidad de dirigir una transición que permitirá al pueblo argelino ejercer su soberanía», declaró Bensalah el martes. «Debemos trabajar para permitir que el pueblo argelino elija a su presidente lo antes posible», agregó.
Bensalah gobernará hasta que se celebren nuevas elecciones, de conformidad con la constitución del país.
La policía disparó gases lacrimógenos y usó cañones de agua para dispersar a los manifestantes estudiantiles que se reunieron en el centro de Argel poco después del anuncio. Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron a varios estudiantes cantando consignas antigubernamentales y con pancartas que decían «todos se tienen que ir».
El viernes, tres días después de la renuncia de Bouteflika, decenas de miles de argelinos habían marchado en ciudades de todo el país para exigir una revisión completa del sistema político.
Además de Bensalah, los manifestantes dijeron que no quieren que el primer ministro Noureddine Bedoui y el presidente del Consejo Constitucional Tayeb Belaiz, todos conocidos por ser leales a Bouteflika, participen en la transición política.
De acuerdo con los artículos 102 y 104 de la Constitución, que regulan el proceso de destitución de un jefe de estado enfermo o fallecido, no se puede nombrar un nuevo gobierno hasta que se celebre una elección presidencial.
El martes, Human Rights Watch dio la bienvenida a la renuncia de Bouteflika como un «primer paso para poner fin al gobierno autocrático». «Mientras Argelia se encuentra en una encrucijada, la reforma será genuina solo si se trata de desmantelar la maquinaria legal represiva que las autoridades han usado durante años para reprimir las voces disidentes», sostuvo Sarah Leah Whitson, directora de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch.