SAN SALVADOR.— La amplia mayoría del Congreso de El Salvador, compuesta principalmente por el oficialismo, aprobó dos leyes enfocadas en ciberseguridad y en la protección de datos personales. Estas normativas buscan resguardar la confidencialidad de los registros en manos de instituciones estatales y reconocen el «derecho al olvido».
Ambas propuestas, impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele, recibieron 57 votos a favor de los 60 diputados, todos pertenecientes al partido Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.
La Ley de Ciberseguridad tiene como objetivo, según el decreto aprobado, establecer políticas y un marco legal para «supervisar y fiscalizar» la seguridad de la información en el sector público. Esta legislación crea la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de apoyar a la Fiscalía General de la República y al Órgano Judicial en «tareas de pericia forense relacionadas con sus funciones».
La ACE también tendrá autoridad para imponer sanciones, como el despido de funcionarios responsables de la ciberseguridad en instituciones públicas, y aplicar multas de hasta 36.000 dólares.
Por otro lado, la Ley para la Protección de Datos Personales regula la «recolección, uso, procesamiento y almacenamiento» de datos con el fin de proteger la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Esta ley estipula que los datos no podrán ser eliminados cuando resulten esenciales para el derecho a la libertad de expresión, información y prensa.
Sin embargo, exige que los datos utilizados en tales casos sean precisos, evitando el uso de información personal inexacta, incompleta o desactualizada. Además, la ley reconoce el «derecho al olvido», permitiendo a los individuos solicitar la eliminación de resultados de búsqueda en internet que incluyan datos personales considerados «inadecuados, inexactos, no pertinentes, desactualizados o excesivos».
La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) ha afirmado que los medios digitales no deben estar sujetos a órdenes de desindexación o similares.