ANKARA.- Durante semanas, la ciudad de Idlib, la última zona con presencia de rebeldes y yihadistas, ha sido duramente atacada. La artillería, los cohetes y las bombas lanzadas desde el aire han destruido gran parte de los pueblos cercanos.
Los ataques por parte de Rusia y Siria han conseguido el cierre de dos grandes hospitales.
Un portavoz de la organización de ayuda humanitaria Medico Internacional dijo a la prensa que en las últimas semanas se han bombardeado al menos 100 hospitales.
Los bombardeos y la falta de asistencia médica ha provocado el desplazamiento de miles de sirios que buscan huir del país, y según la organización “Response Coordinantion Group”, alrededor de 235.000 personas han abandonado sus hogares desde noviembre.
Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, ha advertido que se aproxima una nueva ola de refugiados sirios, de los cuales una gran parte podría llegar a Europa, como ocurrió en 2015.
Debido a que la mayoría de los sirios se dirigen a la frontera turca, Erdogan aseguró que su país “no podría soportar este nuevo flujo por sí solo” y que “todos los países europeos, especialmente Grecia, sentirán las consecuencias negativas”.
Aparentemente, en respuesta a esta advertencia, Ángela Merkel, canciller alemana, pretende visitar la capital turca en enero, aunque la información no ha sido confirmada por el despacho de la canciller. No obstante, existe la posibilidad de que Merkel visite la capital turca para evaluar una extension del acuerdo de refugiados que la UE y Turquía suscribieron en marzo de 2016.
El acuerdo establece que Turquía evitará que los refugiados lleguen a las islas griegas de manera ilegal. A cambio, el bloque europeo proporciona seis mil millones de euros hasta 2018 para mejoras las condiciones de vida de los refugiados en Turquía.
Asimismo, por cada sirio que no es recibido legalmente en Europa y devuelto a Turquía, los países de la UE se comprometen a aceptar a un refugiado sirio que habite en Turquía a cambio.
Sin embargo, y pese a las amenazas de Erdogan, la nueva ola de inmigración implica una mayor presión para los estados miembros de la UE sobre dar asilo o no, a quienes lleguen por las islas griegas.
