LA PAZ.— El expresidente boliviano Evo Morales denunció ser víctima de una «brutal guerra jurídica» supuestamente liderada por el actual presidente y exaliado Luis Arce, tras la orden de detención emitida por la Fiscalía en su contra el lunes por un caso de presunto abuso a una menor durante su mandato.
«Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce, que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EE. UU.», escribió Morales en su cuenta de X.
La Fiscalía imputó a Morales, de 65 años, por el delito de trata de personas, alegando un presunto acuerdo con los padres de una adolescente de 15 años. Además, solicitó su prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública como medida excepcional.
Actualmente, Morales permanece en el trópico de Cochabamba, su bastión político, protegido por sus seguidores, según informó su abogado Nelson Cox a la agencia AFP. Cox afirmó que Morales no se entregará a las autoridades.
Por su parte, el senador del MAS Leonardo Loza, cercano a Morales, declaró al diario El Día: «Evo Morales va a permanecer por su seguridad en el trópico de Cochabamba. El Gobierno lo tiene jurado, si no puede detenerlo, lo va a asesinar. Es nuestro deber cuidarlo y proteger su vida».
Morales ha calificado la investigación en su contra como «una mentira más» fabricada por el gobierno de Arce para eliminarlo políticamente. A pesar de estar inhabilitado judicialmente para postularse como candidato presidencial, insiste en su intención de competir en las elecciones generales de 2025.
Su defensa legal reiteró el martes que la investigación por trata de personas es un caso «fabricado» y «político» cuyo objetivo sería bloquear su candidatura electoral. Los abogados Cecilia Urquieta y Marcelo Galván señalaron que el proceso está «viciado de irregularidades» y vulnera los derechos fundamentales de Morales.
«Es un proceso armado, político, que forma parte de esta guerra judicial contra el hermano Evo Morales», declaró Urquieta a la agencia EFE. Por su parte, Galván criticó las actuaciones de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmando que todas las acciones procesales «tienen vicios de nulidad absoluta» y que el caso no debería continuar.