CARACAS.— Según un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU, publicado el martes, la autoridad electoral de Venezuela no cumplió con las medidas de «transparencia e integridad» durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta revelación provocó una respuesta dura del chavismo, que amenazó con prohibir cualquier observación internacional en futuras elecciones.
Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y líder oficialista, descalificó a los expertos de la ONU como «basura» y sugirió la prohibición de la observación extranjera en futuros comicios. El informe preliminar, que originalmente iba a ser confidencial, señala que el proceso de gestión de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplió con los estándares básicos de transparencia e integridad necesarios para unas elecciones creíbles, y que «todos los plazos establecidos fueron incumplidos».
Aunque aún no se han publicado resultados detallados de las votaciones, el CNE ya ha proclamado a Nicolás Maduro como ganador de un tercer mandato de seis años.
La cancillería venezolana rechazó categóricamente el informe, calificándolo de lleno de mentiras y como un acto imprudente que socava la confianza en los mecanismos de cooperación y asistencia técnica. Rodríguez, en una sesión de la Asamblea Nacional controlada por el partido oficialista, acusó al panel de expertos de violar un acuerdo de confidencialidad y planteó una reforma de las leyes electorales para evitar la intervención de extranjeros en futuras elecciones.
Maduro fue proclamado ganador con un 52% de los votos, pero la oposición, liderada por María Corina Machado, alega fraude y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia. La situación ha desembocado en protestas opositoras que han dejado 25 muertos, 192 heridos y más de 2,400 detenidos, según informes oficiales. Mientras tanto, Estados Unidos, Europa y varios países latinoamericanos han instado al CNE a publicar los resultados detallados.
En la misma sesión parlamentaria, el chavismo debatió un paquete de leyes controvertidas que incluyen reformas para endurecer las penas por «delitos de odio» y regular el funcionamiento de ONGs y redes sociales, lo que ha generado preocupaciones entre los activistas sobre posibles restricciones a los derechos civiles. La discusión sobre la ley para regular ONGs, iniciada el 21 de mayo, se reanudó el martes pero fue suspendida por problemas con la redacción de un artículo. El Parlamento, que tiene una mayoría chavista, debe volver a sesionar el jueves, aunque no se ha especificado el orden del día.
El paquete legislativo también incluye una ley contra el «fascismo», término que el gobierno utiliza para referirse a sus críticos. Esta ley, que entra en fase de consulta pública a partir del miércoles, propone la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100,000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que «incite al fascismo». Diosdado Cabello, un alto funcionario chavista, minimizó las preocupaciones al afirmar que aquellos que no son fascistas no deben preocuparse.
La ley de ONGs obligaría a las organizaciones a registrarse localmente y a informar sobre las donaciones recibidas, identificando a los donantes como nacionales o extranjeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que esta ley podría restringir arbitrariamente la libertad de asociación, expresión y participación pública. Otros países de la región, como Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia, tienen leyes similares.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, instó a las autoridades venezolanas a detener la aprobación de leyes que puedan socavar el espacio cívico y democrático, y expresó su preocupación por las masivas detenciones. Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un «clima de miedo» en el país que impide la aplicación de principios democráticos y la protección de los derechos humanos. Reporteros Sin Fronteras reportó 70 violaciones a la libertad de expresión en dos semanas, incluyendo el arresto de nueve periodistas, cuatro de los cuales aún están detenidos bajo cargos de conspiración, terrorismo, incitación a la violencia y actividades subversivas. Maduro ha acusado a las redes sociales de atacar su reelección, suspendiendo X por 10 días y promoviendo un boicot contra WhatsApp. El presidente ha prometido «mano de hierro» contra la violencia que atribuye a Machado y González Urrutia, y ha solicitado prisión para ambos.
