BOGOTÁ.- María Victoria Guarín fue una asesora clave en el mayor proyecto de transporte de la historia de Colombia: una autovía de 1.000 kilómetros que conecta la capital con los puertos del Caribe.

Como asesora de inversiones de una entidad perteneciente al Banco Mundial, su trabajo era ayudar al gobierno a establecer los términos para una licitación competitiva de los dos contratistas. Resultó que también estaba casada con un alto ejecutivo de una de las empresas que ganó parte del contrato que ella ayudó a supervisar.

Ese aparente conflicto de intereses ha implicado ahora a la institución en el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, como se reveló en un reporte publicado el año pasado por la agencia antimonopolio de Colombia que pasó casi desapercibido.

El conglomerado Grupo Aval, que emplea al esposo de Guarín, se asoció con Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño que admitió haber pagado 6,5 millones de dólares en sobornos para ganar el contrato, no de las docenas de proyecto que reconoció haber conseguido gracias a pagos ilegales.

El escándalo salpicó a los políticos de la región y provocó la entrada en prisión de varios expresidentes, en Perú. Pero el papel del Banco Mundial como asesor gubernamental durante el auge de los proyectos de infraestructuras movidos por sobornos en las últimas décadas ha recibido mucha menos atención.

Se supone que la filial del sector privado del Banco Mundial, conocida como Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés), reduce la pobreza del mundo en desarrollo a través de la promoción de la inversión privada.

En una demanda antimonopolio contra Guarín y varias personas más, la IFC está acusada de no actuar ante el posible conflicto de intereses de Guarín durante cerca de dos años, incluso cuando supuestamente decantó el proceso de licitación de parte del contrato de 2.600 millones de dólares en favor de la empresa para la que trabajaba su esposo.

Diego Solano, su pareja, también estuvo implicado, y quien ahora funge como director financiero de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Si los cargos civiles por beneficiarse de un conflicto de intereses y contactos inapropiados se mantienen, Guarín podría enfrentar una sanción económica de hasta un millón de dólares. En el caso del Grupo Aval y sus subsidiarias, la multa podría ascender a los 150 millones.