WASHINGTON.— Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos pidieron a una corte federal que emita una medida cautelar que congele un programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. 

Los estados demandantes piden a un juez federal en Texas a través de un documento que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso.

A finales de enero, los fiscales generales de una veintena de estados presentaron una demanda solicitando a la corte que ponga fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Los demandantes argumentan que la decisión del Gobierno de Joe Biden fue «arbitraria y caprichosa». A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitario al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tienen que proveer de «servicios a los migrantes».

La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia Estados Unidos.

Mayorkas es un fuerte defensor del programa, asegurando que ha reducido en un 90 por ciento los cruces irregulares en la frontera y tachó la demanda de “incomprensible”.

La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de una incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México.

A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como «parole humanitario» para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera. En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a Estados Unidos bajo este programa, según datos de DHS.