TEGUCIGALPA.—Agentes del Ministerio Público de Honduras llevaron un operativo en la sede del Congreso Nacional, incautando documentos en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción cometidos por diputados, según informaron fuentes oficiales.

El fiscal general, Johel Zelaya, anunció la medida a través de la red social X, indicando: «He ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado». Sin embargo, Zelaya no proporcionó detalles específicos sobre los casos ni sobre los implicados.

Durante la operación, Adán Tomé, asesor del presidente del Congreso, Luis Redondo, junto con tres miembros del equipo de seguridad, fueron detenidos por supuestamente obstruir el trabajo de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Según la Fiscalía, estas personas fueron liberadas posteriormente.

Luis Redondo, presidente del Congreso y aliado del gobierno, expresó a través de X su disposición a colaborar: «Entregaremos toda la información que esté en el Congreso» con el propósito de «erradicar la corrupción de raíz».

Investigación de «34 casos»

Bartolo Fuentes, diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), declaró a la AFP que la Fiscalía está investigando un total de 34 casos en los que están implicados numerosos diputados de las administraciones de 2014-2018 y 2018-2022. Fuentes señaló que los acusados, pertenecientes principalmente a los partidos opositores Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL), habrían desviado fondos destinados a obras comunitarias para financiar campañas políticas o cubrir gastos personales.

Pese a estas afirmaciones, el Ministerio Público no confirmó los detalles mencionados y optó por no revelar públicamente los casos específicos ni los nombres de los implicados. Según informaron, los documentos incautados provinieron de las áreas administrativas y de contabilidad del Congreso.

La Fiscalía ya había presentado denuncias formales sobre estos casos en años anteriores, pero no tuvieron resultados judiciales. Sin embargo, el fiscal Johel Zelaya, quien asumió su cargo en noviembre de 2023, ha decidido reabrir los expedientes para dar seguimiento a estas investigaciones.