BOGOTÁ.- El gobierno colombiano de Iván Duque afirmó que desconocía que militares estuvieran realizando escuchas ilegales a políticos, magistrados y periodistas, y pidió sanciones ejemplares contra los uniformados que sean hallados responsables por la Justicia.
Las declaraciones se dan luego de un reportaje de un importante medio local que publicó indicios y testimonios que comprometen directamente a efectivos del Ejército en la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con fines políticos.
Sin embargo, por más que el Gobierno intente aislar la polémica y pretenda hacer percibir el caso como los “crímenes de algunas manzanas podridas” el Ejército vuelve a estar en el ojo del huracán y así lado el partido oficialista de Iván Duque.
El fiscal Fabio Espitia asumió ante la Corte Suprema de Justicia una investigación para determinar quiénes estarían involucrados en el espionaje a jueces, periodistas e integrantes de la oposición.
“La Fiscalía general de la Nación inicia hoy una investigación en relación con estos hechos, Dado que se menciona a un general de la República, obviamente corresponde al funcionario de la oficina en la Corte Suprema”, dijo Espitia.
@CorteSupremaJ rechaza ataque contra #IndependenciaJudicial, #Democracia y #EstadoDeDerecho representado en reciente episodio sobre seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas, altos oficiales y dirigentes políticos, denunciado por @RevistaSemana Ver pic.twitter.com/fLu0FBuNCy
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) January 13, 2020
Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, fue de los primeros en pronunciarse y tachó de acto violatorio de la Constitución, los Derechos Humanos y la Ley, las nuevas interceptaciones ilegales llevadas a cabo por un organismo estatal.
De acuerdo con Trujillo, sobre la denuncia “la investigación contará con todo el apoyo necesario por parte del Ministerio de Defensa”.
En tanto, el general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército colombiano, aseguró que su salida del cargo no fue por vínculos con estas escuchas ilegales, razón por la cual iniciará acciones judiciales para limpiar su “buen nombre”.
“Mi dignidad y buen nombre no pueden pisotearse de manera irresponsable, ni se puede continuar haciéndome daño y a mi familia. Agotaré los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a la luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido”, manifestó en un comunicado.
