CARACAS.- La guerra por el oro entre “pranes” (líderes criminales), funcionarios del Gobierno, y las Fuerzas Armadas ha recrudecido en medio de la crisis económica del país y ante la de sanciones internacionales al principal producto de exportación venezolana, el petróleo. La masacre de 18 mineros en de Venezuela perpetrada por el Ejército será llevada por el parlamento de este país a cortes internacionales. 

El pasado 10 de febrero, 18 personas murieron  durante una incursión militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela en la mina Cicapra, en la localidad de Guasipati, estado de Bolívar, al sureste del país. Justo Noguera Prieti, gobernador del estado, quien ademas es un oficial de la Guardia Nacional sancionado por Estados Unidos por violación a los derechos humanos argumentó que los funcionarios habían sido emboscados por una banda criminal, sin embargo ningún militar resulto herido.  

Entre las víctimas de la matanza figura Angelis Rodriguez Cuevas, administradora de la mina, su hijo de 19 años y su pareja. Desde hace más de 15 años su familia tenia la concesión para explotar la mina Cicapra, que es una de las más productivas del país y donde se obtiene el oro de mayor pureza. 

Según el diputado a la Asamblea Nacional,Rachid Yasbeck, Rodriguez había sido citada a Caracas para una reunión en el Ministerio de Minas, donde le solicitaron la adhesión de Cicapra al Arco Minero (proyecto transnacional de explotación minera), ella atendió el llamado y participó de una reunión en la que mostró  interés de negociar la entrega de la mina al Gobierno. Sin embargo seis días después se produjo la incursión militar en la madrugada mientras los mineros dormían, según Yasbeck las víctimas fueron ejecutadas, pues 11 de ellas presentan heridas de bala en la cabeza. 

Una semana después de la matanza, el parlamento de Venezuela anunció mediante un comunicado de prensa, que iniciará las investigaciones y que exigirá la comparencia de los oficiales del Ejercito que participaron en la incursión. El comunicado también menciona que el caso será llevado ante instancias internacionales. 

Esta matanza es la que ha dejado la mayor cantidad de víctimas, pero fue la masacre de Tumeremo la que puso al descubierto la dinámica criminal por la explotación aurífera. En este caso murieron 17 mineros y se comprobó la participación de policías junto a bandas criminales.