QUITO.— El Gobierno de Ecuador decretó este miércoles el estado de excepción en las provincias de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, ante una «grave conmoción interna» generada por actos violentos en el marco de las protestas sociales que cumplieron 17 días.
Mediante un decreto ejecutivo, el presidente, Guillermo Lasso, declaró que el estado de excepción que, durará 30 días, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas.
El decreto establece como «zonas de seguridad» las instalaciones petroleras en las provincias de Orellana y Sucumbíos y faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar la acción de la Policía en el control interno. Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos.
La promulgación del estado de excepción de ámbito parcial es el tercero que decreta el cuestionado presidente desde el inicio del «paro nacional indefinido» que convocó desde el pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) contra las políticas económicas del Gobierno.
El movimiento indígena, que cuenta con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones sociales, ha expresado su intención de mantener las protestas de forma indefinida hasta que el Gobierno dé soluciones a un pliego de diez peticiones, algunas de las cuales ya han recibido respuestas parciales.
Las demandas, sobre todo, se centran en la reducción de 40 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, de consumo masivo, y el rechazo a la expansión de las actividades mineras y petroleras en zonas donde habitan comunidades agricultoras e indígenas, sobre todo en la Amazonía.
Lasso, que el pasado 23 de junio se sentó en una mesa de diálogo con la dirigencia del movimiento indígena para dar soluciones a las demandas, rompió el 24 de junio el proceso de conversaciones por considerar que el máximo líder de ese colectivo, Leonidas Iza; no era un interlocutor legítimo, luego de producirse la muerte de un militar en Sucumbíos.
De momento, la solución al paro se encuentra en un punto muerto, según han advertido los grupos indígenas, mientras que el saldo de las movilizaciones es de seis muertes y unas 500 personas heridas entre manifestantes y policías.
