MANAMA.- Los bareiníes se dirigen a las urnas el sábado entre prohibiciones a grupos de la oposición en el reino aliado occidental, mientras las tensiones con los chiítas musulmanes no muestran señales de disminuir.
Los activistas han pedido un boicot a lo que describen como una «farsa», lo que genera dudas sobre la credibilidad de los comicios, aunque el gobierno diga que son democráticos.
La familia gobernante sunita-musulmana de Baréin, Al Khalifa, ha mantenido el control de las disidencias desde que la oposición chiíta organizó un levantamiento fallido en 2011. Arabia Saudita envió tropas para ayudar a calmar los disturbios en una señal de preocupación que cualquier concesión de poder compartido por Baréin podría inspirar a la propia minoría chiíta de Arabia Saudita.
Riad considera que la vecina nación isleña, que no posee una vasta riqueza petrolera como otros estados del Golfo, es un aliado crítico en sus guerras de poder con Irán en Medio Oriente.
Baréin, que es el hogar de una flota de la armada de Estados Unidos, cesó los principales grupos de oposición, impidió a sus miembros postularse a elecciones y procesó a decenas de personas, muchas de ellas calificadas como activistas por grupos de derechos humanos, en juicios masivos.
«Claramente, las legislaturas de los principales estados democráticos del mundo creen que la próxima elección en Baréin carece de legitimidad. Simplemente no puede aplastar, torturar y encarcelar a toda su oposición, pedir una pseudo-elección y luego exigir el respeto de la comunidad internacional», dijo Sayed Ahmed Alwadaei, director del Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia, con sede en el Reino Unido.
El gobierno dijo que 506 candidatos se están presentando en las elecciones, incluido el mayor número histórico de candidatas. Se espera una mayor participación de votantes que en 2014, que se situó en el 53 por ciento, cuando los grupos de oposición boicotearon las elecciones. Solo 23 de los 40 titulares de la Cámara de Representantes están buscando la reelección este año para el Parlamento, que tiene poderes limitados.
Muchos de los chiítas del país denuncian que están privados de empleos y servicios gubernamentales y que son tratados como ciudadanos de segunda clase en el país de 1,5 millones de habitantes. Las autoridades lo niegan y acusan a Irán de fomentar el malestar que ha provocado que los manifestantes se enfrenten a las fuerzas de seguridad, que han sido víctimas de varios ataques con bombas. Teherán niega dichas denuncias.
