MANAGUA.- El diplomático Kevin Sullivan le presentó esta semana al canciller de Nicaragua, Denis Moncada, sus cartas credenciales que lo acreditan como nuevo embajador de Estados Unidos ante el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Sullivan llegó el miércoles al país centroamericano, que atraviesa una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente sandinista, quien ha culpado del conflicto a Washington, entre otros actores.
Entre los objetivos de Sullivan, según destacó él, llegó a continuar el trabajo de la misión de los Estados Unidos en el país para promover la democracia, la prosperidad y la seguridad en Nicaragua, indicó la misiva diplomática.
Además, reafirmó el compromiso de trabajar por la restauración del estado de derecho, las instituciones democráticas y mis derechos humanos, asía como la preparación ante desastres naturales.
El diplomático manifestó estar “muy ansioso de empezar” su gestión. “Espero poder conocer mucho de Nicaragua dentro de muy poco”, agregó.
Antes de ser llamado para asumir la diplomacia en Managua, Sullivan se desempeñaba como el representante permanente interino y adjunto ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, ha fungido en seis sesiones diplomáticas fuera de Estados Unidos, principalmente en América Latina y África.
Sullivan tiene amplia experiencia en temas comerciales y económicos, y ha sido un firme defensor de la democracia y los derechos humanos, aseguró la Casa Blanca.
Nicaragua atraviesa una dura crisis sociopolítica y económica que tiene las calles del país convertidas en un territorio de extrema represión y violencia. El Gobierno de Daniel Ortega es señalado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable de la muerte de “más de 300 personas” en actos de represión desde abril pasado.
Sin embargo, los organismos locales datan de hasta 535 muertos, así como 552 a 558, “presos políticos”, durante la crisis.
Ortega, quien admite 199 muertos y 273 reos los que llama “terroristas”, “golpistas” y “presos comunes”, afirma que enfrentó un intento de “golpe de Estado” y niega las denuncias de abusos contra los manifestantes.
