BOGOTÁ.- El diario El País publicó un artículo en el que asegura que años atrás el general Nicasio Martínez habría autorizado el pago a informantes que facilitaron las bajas en combate: Falsos positivos.
El artículo del prestigioso diario español hace referencia al papel clave que desempeñó el actual jefe del Ejército, Martínez, cuando hizo parte de la décima brigada, cuestionada e investigada por la muerte de cientos de civiles que fueron presentados como bajas en combate.
“Una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada etapa cuando el general era segundo comandante y jefe del estado mayor de la brigada”, sostiene el artículo.
Los documentos proporcionados a El País por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados “falsos positivos”, describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de ese “escuadrón de la muerte”, en el que Martínez asegura haberse dedicado a “tareas administrativas”, señala el primer párrafo de la publicación.
Colombia reaccionó a las nuevas acusaciones contra el comandante en jefe del Ejército Nacional:
Nuevas revelaciones del @elpais_america frente a casos de falsos positivos en brigada q comandaba Gral Nicasio Martínez.
Según artículo, la fiscalía de la época calificó dicha brigada como «una de las primeras en el ranking de ejecuciones extrajudiciales»https://t.co/OP5G4cCdaC— Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) June 5, 2019
Justamente, la Procuraduría General de la Nación abrió recientemente una indagación al comandante Martínez Espinel, y a otros funcionarios por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones, es decir, más de lo mismo: incentivos económicos por más bajas en combate.
El órgano busca determinar la existencia de esas supuestas irregularidades denunciadas por otro medio extranjero, The New York Times, sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejército Nacional, que podría similar a la que desencadenó los asesinatos de civiles a manos de las Fuerzas Armadas.
Como si se tratara de una broma de mal gusto, el Senado colombiano deberá discutir este miércoles si aprueba o no el ascenso del general Martínez, nombrado en diciembre pasado por el presidente Iván Duque como jefe del Ejército de Colombia. Se espera que el Senado avale su ascenso a general de cuatro soles, pese a estar directamente involucrado en violaciones a los derechos humanos.
Sin duda, Colombia está sumergida en una severa crisis institucional de consecuencias impredecibles. La justicia colombiana se debilita, la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación no llega al 40% y la primera ministra del gabinete de Iván Duque que cayó fue la de justicia, precisamente.
El gobierno de Duque, que no ha completado un año, ya tiene niveles de desaprobación cercanos al 60%, un nivel histórico para un presidente con ese tiempo de mandato. Algunos efectos de esta crisis son evidentes: el acuerdo de paz sigue incumpliéndose, excombatientes han retomado las armas amenazando a los territorios que el Estado colombiano fue incapaz de copar después de la firma del acuerdo y continúa la persecución y asesinato sistemático contra los líderes sociales.
