WASHINGTON.— Un juez federal ordenó a la administración del presidente Donald Trump restaurar los servicios de la Voice of America (VOA) y otros medios que operan bajo financiamiento de Estados Unidos y afirmó que su cierre viola la ley.
En su decisión, el juez Royce Lamberth del Distrito de Columbia dijo que el desmantelamiento de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAGM), que financia VOA y otros medios, probablemente fue ilegal y violó la Constitución.
«La renuencia del gobierno a gastar fondos de acuerdo con las leyes de asignaciones del Congreso constituye una afrenta directa al poder legislativo”, indicó el magistrado.
Cierre de la USAGM fue «arbitraria y caprichosa”
En el fallo de 37 páginas, el juez dijo que la decisión del Gobierno Trump sobre la USAGM fue «arbitraria y caprichosa”.
El Ejecutivo estadounidense deberá regresar de inmediato los trabajos a todos los empleados y contratistas de VOA. Además deberá descongelar el financiamiento de otras cadenas afiliadas, como Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks.
Lamberth escribió que los estatutos de VOA, establecidos por el Congreso, declaran que el medio «‘servirá como una fuente consistentemente fiable y autorizada de noticias (que sean) precisas, objetivas y completas’, pero los demandados han silenciado a la VOA por primera vez».
La organización tenía un presupuesto anual aproximado de 270 millones de dólares, contaba con más de 2.000 empleados, y emitía en 49 idiomas. Su audiencia semanal superaba los más de 361 millones de personas, de acuerdo con el diario The New York Times.
Conocido en español como la Voz de América, el servicio internacional de noticias de 83 años creado por el Congreso, se vio obligado a cesar sus operaciones por primera vez desde su fundación en la Segunda Guerra Mundial.
Trump, que se enfrenta desde hace tiempo a la prensa y cuestiona las normas editoriales que prohíben la injerencia en los medios financiados por el Gobierno, emitió el 14 de marzo una orden ejecutiva para eliminarlos.
Al día siguiente, su asesora Kari Lake empezó a emitir avisos para poner fin a toda la financiación, que fue asignada por el Congreso.
Lake y otros funcionarios de Trump están «probablemente en violación directa de numerosas leyes federales», escribió Royce Lamberth, juez del tribunal de distrito para Columbia.
La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa los medios financiados por los contribuyentes, está autorizada por ley a redirigir los fondos entre sus diferentes programaciones en un 5% o menos, escribió.
«Ciertamente, ninguna ley faculta a la agencia para recortar los fondos en el grado drástico que se alega», escribió.
Está por verse si la orden es suficiente para que los medios vuelvan a emitir, pues la administración Trump ha desafiado órdenes judiciales incluyendo de la Corte Suprema.
La orden del juez afecta a los empleados de VOA, así como a Radio Free Asia, creada para informar sobre China, Corea del Norte y otros países sin medios de comunicación libres, y a la cadena en lengua árabe Alhurra.
