BUENOS AIRES.- La justicia argentina acusó formalmente este lunes a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria es señalada de liderar una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios a cambio de concederles obras públicas a lo largo y ancho del territorio argentino durante los Gobiernos Kichneristas (2003-2015).
Sin embargo, la solicitud depende, en primer lugar, de que la Cámara Nacional de Apelaciones homologue el procesamiento. Una vez avalada dicha resolución, Claudio Bonadio presentará el pedido para quitarle inmunidad parlamentaria con lo que el futuro de Fernández de Kirchner dependerá de que dos tercios de sus colegas senadores aprueben su desafuero.
Bonadio además ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros exfuncionarios de esa cartera, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente de argentino Mauricio Macri, Roberto Baratta y Carlos Wagner.
Son 53 en total los procesados entre funcionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo a cada uno también por 100 millones de dólares. Sólo 12 fueron eximidos de la prisión preventiva.
El magistrado embargó los bienes de Fernández de Kirchner por 4.000 millones de pesos (99 millones de dólares), en el sexto procesamiento judicial que enfrentará la ex mandataria desde que finalizó su gestión en diciembre de 2015.
Según el juez, basándose en sus investigaciones, Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron junto a su ministro del área de obras públicas, de Vido, los “verdaderos beneficiarios” de una planificada red de sobornos llevada a cabo durante sus Gobiernos.
En una entrevista el fiscal del caso, Carlos Stornelli, sostuvo que “el Senado debería estudiar los argumentos del procesamiento para analizar el desafuero de la ex presidenta”.
La investigación conocida popularmente como “los cuadernos K” se inició luego de que la justicia accediera a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero “sucio”.
