BRASILIA.- La primera acción juzgada por la Segunda Sala de la Corte era una apelación contra una decisión del Supremo Tribunal de Justicia, que en tercera instancia negó a mediados del año pasado la libertad del exmandatario, en prisión desde abril de 2018 por corrupción.
Según cuatro de los cinco magistrados de la sala, la decisión tomada en su momento por el Supremo Tribunal de Justicia no violó el marco legal, como sostenía la defensa del líder popular.
La defensa de Lula busca anular la sentencia pronunciada por el exjuez Sergio Moro en primera instancia, alegando que el juez forma parte de una conspiración para impedir el retorno de la izquierda al poder.
Los abogados del líder de izquierda presentaron el recurso que cuestiona la actuación del exmagistrado en diciembre pasado, después de que Moro aceptara ser ministro de Justicia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Sin embargo, los argumentos de la defensa de Da Silva ganaron fuerza ese mes cuando el portal The Intercept Brasil publicó presuntos mensajes de Moro con los fiscales de Lava Jato, que aparentan una voluntad de perjudicar políticamente al expresidente.
El caso fue retomado por la corte este martes.
La historia podría dar un giro favorable para el expresidente si la máxima corte del país, que vela por principios constitucionales como el derecho a la legítima defensa, considerase que Moro no actuó con imparcialidad, coordinando las acciones con la parte acusatoria del caso, como expone The Intercept.
Moro, que no reconoce la autenticidad de los revelados por Folha de San Pablo y The Intercept, niega haber confabulado con los fiscales de la operación Lava Jato.
Evidentemente los mensajes complican el caso y fueron intercambiados en la época del juicio a través de la red de mensajería Telegram y sugieren que Moro dirigió de alguna manera las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público, lo que está expresamente prohibido por la Constitución de Brasil.
