MIAMI.- Desde hace dos meses oficiales del Departamento de Justicia iniciaron una investigación sobre un incidente de contrabando de aviones particulares en la Argentina. El caso involucra aproximadamente 200 aeronaves en estado irregular.
El disparador de esta investigación fue una pesquisa periodística publicada tiempo atrás por el portal argentino Minuto de Cierre, donde se adelanta que todo comenzó con un avión de Ersa Urbano S.A, una compañía cuyo dueño es Juan Carlos Romero. Hoy Ersa mantiene una inhibición general de bienes y está en concurso preventivo.
Romero es un empresario que maneja los servicios urbanos de transporte en las provincias argentinas de Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe.
La Justicia argentina tomó la decisión luego de comprobar la “cesación de pago” de la empresa y de que tuviera una deuda mayor de 300 salarios mínimos. Además de 20 deudores quirográficos, es decir, no tienen garantía real de pago. Asimismo, a Romero no se le permitió la salida del país por un período de 40 días.
Este año, con la complacencia dudosa de la Administración Nacional de Aviación Civil, Romero utilizó un avión que estaba en Argentina de contrabando.
El Lear Jet 45, de placas LV-GQW, y propiedad de Ersa Urbano S.A, obtuvo justamente esa
matrícula, gracias a la ayuda de la ANAC, que se olvido nada más y nada menos de otorgarle el certificado de nacionalización del bien, entregado por la Administración Nacional de Aduana, dependiente de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
Una amabilidad que en el caso de este avión, y de muchos otros, la ANAC, conducida por Tomás Insausti, quien es considerado parte esencial de la maniobra delictiva, se encontró con la correspondiente inspección de la Aduana.
Las normativas argentinas indican que un avión es considerado bien de capital, pero como tiene movilidad, puede permanecer en tránsito dentro de Argentina sin ser nacionalizado. En el caso de los automóviles y barcos el período es de 180 días, mientras que para las aeronaves se reduce a 45. El avión en cuestión se encontraba en el país desde hacía dos años cuando fue detectada la irregularidad a comienzos del 2019.
Al descubrir el caso de contrabando de Ersa Urbano, la Aduana abrió una investigación sobre los aviones que se encontraban estacionados en los hangares del Aeroparque Metropolitano y San Fernando. Sorprendentemente se hallaron otras 16 aeronaves que estaban en condiciones irregulares.
De ellas, 12 no tenían la documentación que acredite su ingreso al país. Pero, como sus
titulares figuraban como importadores, se les requirió que aporten la documentación
correspondiente, y hasta el día de hoy no han presentado ningún documento.
De igual manera, cuatro aviones más estaban en condiciones absolutamente irregulares.
Uno de ellos pertenece a Estancia El Azul S.A y opera en Argentina desde 2014. Otro es de
Beech Flying S.A y estaba hangarada en San Fernando, sin los papeles correspondientes. Otras dos empresas de la misma firma están en la misma situación.
La denuncia de la Aduana, no lo dice explícitamente, pero el contrabando fue posible gracias a la ANAC, que otorgó a matrículas a aviones que no tenían toda la documentación en regla para ello. Una excepción que, por ejemplo, no obtiene ningún ciudadano que quiere comprar un automóvil usado o patentar un cero kilómetros.
En el marco de las pesquisas que se siguen en los Estados Unidos podría derivar en múltiples casos que involucran empresas y particulares de nacionalidad argentina, y se sabe que para la compra de las aeronaves muchos de estos individuos crearon empresas en paraísos fiscales, por lo que la investigación podría derivar en exhortos internacionales a fin de identificar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los aviones en cuestión.
La injerencia de la justicia norteamericana toma forma ya que las aeronaves jamas fueron nacionalizadas en la Argentina y muchas de ellas siguen empadronadas bajo matricula estadounidense.
Agencias antilavado están en proceso de recolectar la información financiera de más de 200 empresas y personas físicas objeto de esta investigación.
En la Argentina mientras tanto los casos abiertos ante la justicia duermen en los tribunales, y fuentes consultadas por GMB suponen que la cercanía al poder de muchos de los involucrados es la razón por la cual la investigación en el país sudamericano se ha detenido.
