MANAGUA.— La situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa empeorando, según señala un informe publicado este jueves por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el documento se destaca que la sociedad civil enfrenta restricciones para participar libre y seguramente en la vida social y política del país.

Desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de agosto de 2023, Nicaragua revocó la personería jurídica de 3,390 organizaciones, cuyos activos también fueron confiscados, de un total de 7,227 registradas en el país en 2018, durante las protestas gubernamentales que resultaron en aproximadamente 300 muertes. La CIDH interpreta este acto como un ataque al pluralismo, indicando una clara intención de cerrar por completo el espacio cívico y democrático en el país.

En Nicaragua, prevalece una política de represión y persecución sistemática contra aquellos considerados opositores al gobierno, instaurando un estado policial. Estas restricciones han sido posibles debido a la subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo y la falta de límites y contrapesos.

La CIDH menciona la aprobación facilitada por la Asamblea Nacional de normativas y reformas legales del régimen de Daniel Ortega, quien se reeligió por cuarta vez consecutiva en 2021, con todos sus rivales encarcelados o en el exilio. Los recursos interpuestos contra estas normativas han perdido su sentido debido a la falta de independencia del poder judicial.

Como consecuencia de la escalada represiva, numerosas organizaciones y activistas se han visto obligados al exilio, mientras que aquellos que permanecen en el país trabajan en la clandestinidad, sumidos en un clima de miedo, persecución y autocensura.

Las autoridades nicaragüenses suelen seguir un patrón consistente: prohíben manifestaciones, llevan a cabo detenciones arbitrarias (más de 2,000 desde el 18 de abril de 2018) y emprenden campañas de desprestigio y hostigamiento. Además, la CIDH señala que las autoridades retiran y retienen pasaportes, impiden su expedición para impedir la salida de personas al extranjero, y niegan el regreso al país a otros ciudadanos.

Es relevante destacar que Nicaragua recientemente dejó de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por decisión expresa de Ortega.