CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Ayotzinapa existió “cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno”.
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 “es un caso abominable” y emblemático de la descomposición institucional y social de México, aseguró Luis Raúl González titular de la CNDH al presentar un exhaustivo informe del caso.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, Ayotzinapa representa “el momento crítico” que el país vive en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, afirmo González al presentar las dos mil páginas que componen el informe y recomendaciones.
El documento denuncia que las omisiones y la indolencia de las autoridades de impartición de justicia contaminó y provocó que se perdieran pruebas, que no se agotaran todas las líneas de investigación y que hubiera acusaciones de sospechosos mal formuladas, lo que ha hecho que no puedan ser juzgados y que subsista la impunidad.
En cuanto al vínculo entre autoridades locales y grupos criminales en ese estado, González indicó que “la verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”.
El informe detalla que los jóvenes desaparecidos así como los jugadores del equipo Los Avispones de Chilpancingo y sus familiares fueron víctimas de violencia institucional, las cuales atentan contra sus derechos humanos, debido a las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables de garantizar su acceso a la verdad y la justicia.
El documento recomienda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “enderezar” las indagaciones sobresal desaparición de los 43 alumnos.
Un informe realizado aparte por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización delas Naciones Unidas (ONU) documento 34 casos de tortura, detenciones arbitrarias y graves irregularidades durante las investigaciones por el caso Ayotzinapa, entre septiembre de 2014 a enero 2016.
