WASHINGTON.— La Corte Suprema de Estados Unidos abrió el camino este lunes para que el gobierno del presidente Donald Trump reanude las deportaciones de migrantes hacia países que no son los suyos sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los daños que podrían enfrentar, otorgándole así otra victoria en su política de deportaciones masivas.

En una decisión que provocó una dura disidencia de las tres juezas liberales, el tribunal accedió al pedido del gobierno para levantar una orden judicial que exigía brindar a los migrantes destinados a ser deportados a llamados “terceros países” una “oportunidad significativa” de advertir a las autoridades estadounidenses sobre el riesgo de tortura en el destino final, mientras avanza una demanda legal.

El juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, había emitido esa orden el 18 de abril.
La breve resolución de la Corte Suprema no fue firmada y no ofreció argumentos, como suele suceder en estos pedidos de emergencia. El tribunal cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3.

La jueza Sonia Sotomayor, respaldada por las otras dos juezas liberales, calificó la decisión como un “abuso flagrante” del poder del tribunal. “Aparentemente, la Corte considera más aceptable que miles de personas sufran violencia en lugares remotos a que exista una remota posibilidad de que un juez de distrito haya excedido sus atribuciones al ordenar al gobierno brindar el debido proceso que les corresponde constitucional y legalmente a los demandantes”, escribió Sotomayor.

La magistrada calificó la acción del tribunal como “tan incomprensible como inexcusable”.

Murphy había determinado que la política del gobierno de ejecutar deportaciones a terceros países sin brindar aviso ni la posibilidad significativa de presentar reclamos por temor vulnera probablemente las garantías de debido proceso de la Constitución de EE. UU., que exige, en general, notificación y audiencia antes de tomar medidas adversas.

Luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara en febrero su intención de acelerar las deportaciones a terceros países, grupos de derechos de los migrantes presentaron una demanda colectiva en representación de un grupo de personas que buscaban evitar ser trasladadas sin aviso y sin oportunidad de demostrar el riesgo que enfrentaban.

El 21 de mayo, Murphy concluyó que el gobierno de Trump violó su orden al intentar deportar a un grupo de migrantes a Sudán del Sur —un país políticamente inestable que el Departamento de Estado aconseja evitar “por crimen, secuestros y conflictos armados”— sin cumplir con los requisitos exigidos.

Esa intervención obligó al gobierno estadounidense a mantener a los migrantes en una base militar en Yibuti.
Tras el fallo de la Corte Suprema, Murphy dejó claro en un nuevo dictamen que su decisión de impedir la deportación acelerada de ocho hombres a Sudán del Sur “sigue plenamente vigente”.

Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los demandantes, calificó las consecuencias del fallo como “horrorosas”, ya que elimina “protecciones clave del debido proceso que estaban salvando a nuestros representados de la tortura y la muerte”.

La administración argumentó ante la Corte Suprema que su política de terceros países ya cumplía con el debido proceso y que era esencial para deportar migrantes que cometieron delitos, dado que sus países de origen a menudo se niegan a recibirlos.
Afirmó que todos los migrantes que iban a ser enviados a Sudán del Sur habían cometido “crímenes atroces” en Estados Unidos, incluidos asesinato, incendio intencional y robo a mano armada.

“La suspensión por parte de la Corte Suprema de una medida cautelar de un juez distrital de izquierda reafirma la autoridad del presidente para remover a extranjeros ilegales criminales de nuestro país y Hacer a América Segura Otra Vez”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, tras la decisión del lunes.
“Activen los aviones de deportación”, agregó la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Este caso es uno de los múltiples desafíos legales contra las políticas de Trump que han llegado a la máxima instancia judicial desde su regreso al poder en enero.
En mayo, la Corte Suprema permitió que Trump pusiera fin a programas humanitarios que permitían a cientos de miles de migrantes vivir y trabajar temporalmente en EE. UU. No obstante, los jueces criticaron el tratamiento que su gobierno dio a algunos migrantes bajo la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 —usada históricamente solo en tiempos de guerra—, por considerar que violaba las garantías del debido proceso constitucional.

Sotomayor denunció que al enviar migrantes a Sudán del Sur, y en otro caso a cuatro personas a la base naval de Guantánamo, Cuba, y luego a El Salvador, la administración “desafió abiertamente dos órdenes judiciales” de Murphy. También citó el caso paralelo sobre la Ley de Extranjeros Enemigos, donde surgieron dudas sobre el cumplimiento del gobierno con lo dispuesto por un juez.

“Esta no es la primera vez que la Corte cierra los ojos ante el incumplimiento, y temo que no será la última”, escribió Sotomayor. “Pero cada vez que este tribunal premia el incumplimiento con medidas discrecionales, erosiona aún más el respeto por los tribunales y por el Estado de derecho”.

La administración recurrió a la Corte Suprema después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, se negara el 16 de mayo a suspender la decisión de Murphy.
Reuters también informó que las autoridades estadounidenses estaban considerando enviar migrantes a Libia, otro país políticamente inestable, a pesar de las anteriores condenas de Washington por el trato abusivo a los detenidos en ese país.