LA PAZ.- La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra el expresidente Evo Morales por su presunta participación en los bloqueos de rutas que paralizaron distintas regiones del país durante 53 días, en el marco de una investigación por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y asociación delictiva.
La orden fue firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar e incorpora a Morales a una causa que investiga las movilizaciones realizadas en protesta contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
La investigación atribuye de manera preliminar al exmandatario seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
El proceso se inició a partir de una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno.
La causa también involucra al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente campesino Vicente Salazar, quien permanece con prisión preventiva.
A comienzos de julio, la Fiscalía de Santa Cruz había admitido formalmente la denuncia y abrió la investigación sobre la posible responsabilidad de los dirigentes en la organización de los bloqueos.
Ahora, el Ministerio Público deberá determinar si existen pruebas de que Morales dirigió, financió o instigó las protestas.
Según datos oficiales, los bloqueos se extendieron durante 53 días, dejaron 22 muertos, 88 heridos y 583 personas detenidas, además de afectar 37 tramos de rutas.
El Gobierno estima que las protestas ocasionaron pérdidas económicas superiores a u$s 3.000 millones, mientras que los daños sobre la infraestructura vial superaron los u$s 15 millones.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de 22 personas durante el conflicto, aunque aclaró que corresponde a la Justicia determinar si cada uno de esos casos guarda relación directa con las protestas.
Morales rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso judicial responde a una persecución política impulsada por el Gobierno.
«Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia», afirmó el exmandatario en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) negó haber organizado los bloqueos, aunque reiteró su respaldo político a las demandas de organizaciones campesinas, sindicales e indígenas que protagonizaron las protestas.
Las manifestaciones provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.
La mayoría de los cortes fueron levantados luego de un acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, junto con la declaración del estado de excepción el pasado 20 de junio.
La nueva orden de detención constituye un segundo frente judicial para Morales.
El expresidente ya enfrenta otra orden de captura en una causa por presunta trata agravada de personas, luego de que un tribunal de Tarija lo declarara en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.
Según la Fiscalía General, esa orden de aprehensión continúa vigente.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de organizaciones cocaleras y de sus seguidores.
El Gobierno reconoció que un eventual operativo para detener al exmandatario podría generar enfrentamientos y poner en riesgo tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil.
