SAN DIEGO.-  Las familias que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México por el gobierno de Donald Trump y su programa “tolerancia cero”, y posteriormente reunidas mucho tiempo después muestran profundos traumas y quieren que el gobierno pague sus tratamientos psicológicos. 

Los abogados defensores de estas familias aseguran que los jubilosos reencuentros que hubo cuando el gobierno dejó sin efecto la política de separar a padres e hijos que ingresaban al país ilegalmente dieron paso a jornadas tormentosas al reanudar sus vidas, ya sea en Estados Unidos o en los países centroamericanos de los cuales intentaron emigrar. Afirman que tanto los niños como los padres quedaron traumatizados por sus odiseas. 

Una demanda colectiva radicada esta semana pide una compensación económica no especificada, y la creación de un fondo para costear los tratamientos psicológicos de más de 2.000 menores que fueron separados de sus padres al ingresar a Estados Unidos. La Casa Blanca declinó hacer comentarios. 

Mientras esto sucede, el Gobierno del presidente Trump expresó su deseo de mantener retenidos a los menores de edad mientras duren los procesos judiciales de inmigración. 

Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que afirmó que “prolongará la privación de libertad para los inmigrantes menores de edad”. 

Esta medida viola el acuerdo judicial denominado Acuerdo de Flores de 1997, en el que se establece que los inmigrantes menores de edad tienen un tiempo exacto de detención.