QUITO.- Las masivas protestas en Ecuador contra el plan del gobierno de eliminar los subsidios al diésel comenzaron a desactivarse luego de que la administración del presidente Daniel Noboa y las organizaciones indígenas acordaran iniciar negociaciones formales la próxima semana.
Los líderes indígenas renunciaron a su principal exigencia —la restitución del subsidio al diésel— y la reemplazaron por un pedido de congelar los precios del combustible. El ministro del Interior, John Reimberg, encabezó las conversaciones con representantes indígenas del norte del país durante varias horas en Otavalo, provincia de Imbabura.
Las manifestaciones fueron la tercera gran ola de protestas desde 2019 y este año se concentraron en Imbabura, donde la economía local quedó paralizada. Los disturbios y las denuncias de agresión policial y militar dejaron dos muertos. Noboa desplegó tropas y tomó medidas para impedir el ingreso de grupos violentos a Quito, ciudad que había sido epicentro de los estallidos de octubre de 2019 y junio de 2022.
“El paro se levanta desde hoy, las vías en Imbabura se están abriendo desde hoy”, anunció Reimberg en una declaración conjunta con los líderes indígenas la noche del miércoles. Las mesas de diálogo entre el Gobierno y las comunidades locales comenzarán el lunes próximo.
La decisión de abandonar la exigencia de restablecer los subsidios representa un impulso para Noboa, de 37 años, y para las finanzas públicas del país. Sus predecesores, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, también intentaron eliminar subsidios energéticos ineficientes que le costaban al Estado miles de millones de dólares anuales. Pero sus esfuerzos se vieron eclipsados por levantamientos indígenas que casi los derrocaron, y un Lasso debilitado terminó convocando elecciones anticipadas en 2023, en las que Noboa resultó electo.
Los bonos ecuatorianos, golpeados por casi cuatro semanas de protestas, podrían recuperar terreno tras conocerse que se descartó la exigencia de reimplantar los subsidios. Actualmente, solo se mantiene un subsidio al gas licuado de petróleo, luego de que Noboa eliminara el de la gasolina de bajo octanaje el año pasado y elevara el precio del diésel más de 50%, de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, con una banda de precios que permitirá aumentos graduales desde diciembre.
El gobierno ofreció compensaciones temporales y amplió la red de asistencia social para las familias de bajos ingresos, en contraste con el enfoque de Moreno, que sorprendió a la población al eliminar de golpe los subsidios a la gasolina y el diésel.
Además, la administración de Noboa destinó fondos para apoyar al sector del transporte, incluyendo subsidios para renovar camiones y autobuses, lo que le permitió sumar el respaldo de un gremio que anteriormente había sido protagonista de las protestas y bloqueos en las principales rutas.
Las recientes huelgas dejaron muertos entre los manifestantes, heridos entre policías y militares, y pérdidas millonarias para los sectores florícola, turístico y lechero de Imbabura.
El 14 de octubre, un auto bomba explotó en un centro comercial de Guayaquil, mientras otras detonaciones cerraron carreteras en el suroeste del país. Reimberg atribuyó el ataque en Guayaquil al grupo criminal Los Lobos.

