MIAMI.- Una batalla surgió en las últimas horas en torno al futuro del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, que el gobierno colombiano quiere que sea devuelto al país tras cumplir su condena por tráfico de drogas en Estados Unidos.
Mancuso permanece bajo custodia estadounidense, donde completó el pasado mes de marzo una sentencia de 12 años de cárcel por tráfico de cocaína. Bogotá está apelando el fallo administrativo de un tribunal que dispuso que sea enviado a Italia, país del cual Mancuso es ciudadano.
La defensa del exlíder paramilitar asegura que sería asesinado al pisar territorio colombiano, una nación que no cicatriza las heridas dejadas por un sangriento conflicto lejos de amainar recrudeció en los últimos dos años.
Los abogados de Mancuso aseguran que su cliente ya cumplió con las obligaciones contraídas bajo el acuerdo que negoció en 2003, que fija condenadas de no más de ocho años para los jefes paramilitares que confesaron sus crímenes.
No obstante, las cientos de miles de víctimas del sanguinario Mancuso exigen la justicia que se les ha negado hasta ahora.
En ese sentido, las autoridades colombianas aducen que negar el pedido de deportación por parte de Washington sería un enorme desaire a un firme aliado que trata de superar un conflicto que se cobró la vida de mas de 260.000 personas y desplazó a millones.
A esa carnicería contribuyó la demanda de cocaína en Estados Unidos, un tráfico que fue financiado y planificado por grupos al margen de la ley como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Mancuso.
“Enviarlo a Italia sería una traición repugnante a las víctimas”, sostiene José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Si el gobierno colombiano está honestamente comprometido con la justicia en relación con crímenes atroces, debería agotar todas las instancias legales para que Mancuso sea enviado a Colombia y responda por sus actos”.
El caso Mancuso expone las cuestiones que quedan pendientes en relación del proceso de paz diseñado para los paramilitares, conocido como Justicia y Paz, que desmovilizó más de 30.000 combatientes de extremaderecha pero no llegó a cumplir cabalmente el objetivo de verdad y reconciliación.
En 2008, el ahora detenido expresidente Álvaro Uribe Vélez, extraditó a Mancuso y otros 13 jefes paramilitares para que fuesen juzgados por tráfico de drogas en territorio estadounidense. No obstante, sus detractores dicen que la inesperada medida, que parece una violación a lo pactado en Justina y Paz, buscaba silenciar a esas figuras justo cuando se comenzaban a revelar la relación de Uribe con las AUC.
“Conmigo extraditaron la verdad”, declaró Mancuso a medios colombianos a su llegada a Estados Unidos en 2008.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dispuso el envió de Mancuso a Italia el 16 de abril, según dos fuentes cercanas al líder paramilitar que hablaron desde el anonimato, pero la deportación no se produjo.
Colombia retiró el pedido de extradición de Mancuso el mes pasado y el caso fue cerrado en Estados Unidos. Si bien el gobierno no dio las razones de su decisión.
Iván Duque, presidente de colombiano, sostiene públicamente que quiere que Mancuso regrese a Colombia para que sea juzgado por delitos y “que la condena que Mancuso cumplió en Estados Unidos no puede ser usada para evitar sentencias por crímenes de lesa humanidad”. No obstante, la bancada opositora de Colombia considera que Duque en realidad no está interesado en qué Mancuso declare en Colombia por obvias razones.
El senador Iván Cepeda, verdugo de Álvaro Uribe, considera que las medidas que toma el gobierno de Duque en el caso son un puro formalismo, ya que el mentor político del presidente es Uribe y es alguien que tiene poco que ganar con el regreso de Mancuso.
