CARACAS.- Paramilitares y soldados vinculados al chavismo asesinaron al menos a 131 ciudadanos venezolanos en las protestas que comprenden desde 2014 a 2017, y cerca de 8.300 ejecuciones extrajudiciales han sido documentadas en el país bolivariano, según sostiene un informe presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó que existen suficientes pruebas para investigar al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Luis Almagro, secretario general de la organización, designó un grupo de expertos que desarrolló una exhaustiva investigación cuyo resultado permitió identificar a 11 funcionarios responsables de crímenes de guerra. Nicolás Maduro encabeza la lista.
El informe presentado en la sede de la OEA en Washington sostiene que Maduro ha optado por el autoritarismo como mecanismo para perpetuarse en el poder y que ha desarrollado tácticas “cada vez mejor organizadas y más agresivas para ejercer su control sobre la población”, además de utilizar la tortura como instrumento de persecución y represión.
El documento fue elaborado con la ayuda de la fiscal de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz y el testimonio de 26 testigos que prestan declaración en cinco audiencias públicas, docenas de testimonios de víctimas, familiares de jóvenes asesinados, y documentos escritos por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
Los once responsables que señala el documento son: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Tareck el Aissami vicepresidente, Jorge Arreaza ministro de Exteriores, Elías Jaua ministro de Educación, Jorge Rodríguez ministro de Comunicación, Delcy Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Vladimir Padrino ministro de Defensa, Nestor Reverol ministro de Interior y Justicia, Gustavo Lopez director del servicio de inteligencia (Sebin), Antonio Benavides ex comandante de la Guardia Nacional y Carlos Alfredo Perez director de la Policía Nacional Bolivariana.
El régimen de Maduro lleva años siendo acusado de violar los derechos humanos del pueblo venezolano, en un intento desesperado por mantenerse en el poder en medio del creciente descontento social, el hambre, y la crisis económica que atraviesa todo el país.
