CARACAS.—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió el lunes a los poderes del Estado que actúen con «mano de hierro» contra los «delitos de odio» que, según él, surgieron durante las protestas contra su controvertida reelección, que resultaron en 25 muertos y 192 heridos.
Maduro, quien fue reelecto con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, ha sido acusado por la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, de fraude electoral. El mandatario considera estas acusaciones como una incitación a un «golpe de Estado» y una «guerra civil».
Durante una reunión con autoridades, Maduro pidió mayor celeridad y firmeza en la respuesta a los crímenes, cuestionando la ausencia de los «autores intelectuales» y «financistas» de la violencia, y criticó a González Urrutia y a Machado por su falta de presencia pública.
González Urrutia, quien sustituyó a Machado tras su inhabilitación, no ha sido visto en público en casi dos semanas, mientras que Machado permanece en la clandestinidad, alegando temer por su vida tras una represión que, según el gobierno, ha llevado a más de 2.200 arrestos.
Las protestas estallaron a raíz de las acusaciones de fraude electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE), criticado por su supuesta parcialidad hacia Maduro, aún no ha publicado un escrutinio detallado, alegando problemas técnicos. Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que «certifique» la elección, mientras que Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea han demandado la publicación de resultados detallados.
La oposición y Estados Unidos están abriendo espacio para la mediación de los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia y México. Washington negó el lunes haber ofrecido una amnistía a Maduro. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió con el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo para agradecer sus esfuerzos en facilitar el diálogo y enfatizar la necesidad de resultados electorales transparentes.
El saldo oficial de las protestas es de 25 muertes, incluyendo dos militares, y 192 heridos, según el fiscal general Tarek William Saab. Esta cifra coincide con la reportada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian una «escalada represiva». Saab culpó a la oposición por las muertes y mostró fotografías de las víctimas, la mayoría de las cuales fueron asesinadas por disparos entre el 29 y 30 de julio.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exigió una investigación exhaustiva de las muertes y responsabilizó a los cuerpos de seguridad y civiles armados que puedan haber actuado con su complicidad. Venezuela no reconoce esta instancia. La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, que ha investigado a Venezuela por violaciones a derechos humanos, también sigue de cerca la situación actual.
Maduro ha denunciado un «golpe de Estado ciberfascista» mientras que el Parlamento, controlado por el chavismo, avanza con una regulación de las redes sociales, junto con otras leyes para regular ONGs y castigar el «fascismo», un término que el gobierno usa para referirse a sus detractores. Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, defendió la necesidad de regular las redes sociales.
Maduro ya ha suspendido la red social X por 10 días, acusando a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo, con la suspensión programada para finalizar el 19 de agosto.
