TECNOLOGÍA.— Un veredicto histórico de un jurado que responsabilizó a Meta Platforms Inc. y a Alphabet Inc. (Google) por perjudicar a un joven usuario con productos diseñados para generar adicción amenaza con ubicar a las redes sociales en la misma categoría que las tabacaleras y los fabricantes de opioides, abriendo una grieta en su protección legal sobre lo que ocurre en sus plataformas.

Aunque los u$s 6 millones en daños otorgados por un jurado en Los Ángeles al demandante de 20 años —fallo que las compañías ya adelantaron que apelarán— tienen un impacto marginal en sus balances, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y difíciles de medir. Esta derrota, en el primero de miles de litigios por responsabilidad de producto contra Meta, Google y otras redes, podría derivar en un endurecimiento regulatorio.

Si el fallo se mantiene en apelación, las empresas podrían verse obligadas a modificar el funcionamiento de sus productos, lo que pondría en riesgo el negocio publicitario que sostiene la rentabilidad de plataformas como Instagram y YouTube.

“Esta va a ser la era de la responsabilidad por producto”, afirmó Jess Miers, profesora asistente de derecho en la Universidad de Akron. Según explicó, el veredicto podría marcar un punto de inflexión en la forma en que las personas acceden a la información online.

Durante años, las redes sociales estuvieron protegidas frente a la mayoría de las demandas gracias a leyes que les otorgan inmunidad sobre el contenido generado por los usuarios. Sin embargo, este fallo cambia ese marco: el foco del juicio no estuvo en el contenido, sino en el diseño y funcionamiento de las plataformas, lo que abre la puerta a nuevas demandas si no se introducen cambios estructurales.

Este caso es el primero de una larga serie de litigios similares que enfrentan Meta, Google y otras compañías como Snap y TikTok. Miles de usuarios denuncian daños personales, mientras que más de mil distritos escolares sostienen que estas plataformas afectan a los estudiantes y dificultan la enseñanza.

Además, fiscales generales de unos 30 estados también iniciaron acciones legales. En Nuevo México, un jurado ya condenó a Meta a pagar u$s 375 millones por engañar a adolescentes sobre su seguridad frente a la explotación sexual.

Estos fallos podrían anticipar lo que viene. “Esto genera mucho impulso”, afirmó Lexi Hazam, una de las abogadas que lidera las demandas. “Estas empresas están bajo mucha presión”.

Cambios en los productos y riesgo para el modelo de negocio

Los distritos escolares que demandan a las redes sociales también buscan cambios concretos en el funcionamiento de las plataformas, lo que podría afectar directamente el modelo publicitario basado en captar y retener la atención de los usuarios.

Entre las funciones cuestionadas figuran las notificaciones push, consideradas un factor clave en la adicción, así como la falta de controles de edad más estrictos y herramientas parentales.

Cualquier modificación que reduzca el tiempo que los usuarios pasan navegando, compartiendo o interactuando en estas plataformas podría impactar negativamente en sus ingresos.

“Esto podría obligarlas a cambiar cómo funcionan sus aplicaciones”, señaló Minda Smiley, analista de Emarketer, advirtiendo que también podría alterar la forma en que los anunciantes operan en esos entornos.

Incluso si los fallos judiciales no fuerzan cambios inmediatos, nuevas leyes podrían hacerlo. La seguridad online de los menores es uno de los pocos temas donde existe consenso bipartidista en el Congreso estadounidense.

Senadores como Marsha Blackburn y Richard Blumenthal buscan impulsar la aprobación de la Kids Online Safety Act, que aún no fue sancionada, pero que podría ganar impulso tras este veredicto.

¿Se abre la puerta a acuerdos masivos?

El revés judicial en Los Ángeles, sumado a la ola de demandas en curso, reavivó la posibilidad de un acuerdo global para evitar una batalla legal prolongada y costosa. TikTok y Snap, por ejemplo, ya llegaron a un acuerdo con el demandante en este caso, aunque siguen involucrados en otros procesos.

Sin embargo, un acuerdo generalizado no parece inminente. Analistas señalan que el fallo de u$s 6 millones es pequeño frente al tamaño de estas compañías, valuadas en billones de dólares, y que podría tratarse de un caso particularmente sólido dentro de un universo más amplio de demandas.

Aun así, el riesgo reputacional crece. La acumulación de titulares vinculando a estas empresas con adicción y daños a menores podría erosionar su posición tanto en el mercado como en el frente regulatorio.

“Va a haber un flujo constante de noticias sobre este tema”, advirtió el analista Matthew Schettenhelm. “Y eso no es bueno ni para el negocio ni para su defensa frente al Congreso”.