Moción de confianza desata nueva crisis en Perú

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LIMA.- El pedido de la “cuestión de confianza” será sustentado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien deberá exponer ante el parlamento las razones de la solicitud, reiteró la oficina de prensa del Congreso el fin de semana.

El jefe de gabinete denunció el domingo los intentos de delatar el debate apelando al Tribunal Constitucional (TC). “Consultar al TC queda del lado de la resistencia (a las reformas). Hacer la consulta es argüir, no es debatir”, aseguró Del Solar al diario local El Comercio.

Por otro lado, el Congreso, controlado por la mayoría populista radical de derechas, aún no define si votaría ese mismo martes la moción o en otra fecha. Asimismo, tampoco hay certeza acerca de si se aprobará o negará la confianza, en medio de llamados al consenso por parte de empresarios y políticos.

“La reforma política requiere un debate profundo y meditado dentro de un ambiente de serenidad, prudencia diálogo y tolerancia”, invocó la Confederación de Empresarios del Perú.

Los empresarios advirtieron que “el clima de confrontación no solo desalienta, también pone en peligro las inversiones que nuestro país tanto necesita”.

La opositora Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori (en prisión preventiva por recibir fondos de Odebrecht para su campaña) estima que el Ejecutivo se extralimita en sus funciones, lo que podría acabar en una deriva totalitaria.

Sin embargo, Martín Vizcarra ha asegurado que una eventual negativa a debatir y aprobar “la sustancia de las reformas”, como exige el gobierno, deja abierta la vía constitucional para que el mandatario disuelva el Legislativo y convoque a nuevos comicios.

El fragmentado Congreso, conformado por 130 legisladores, está dominado por una frágil mayoría compuesta por el fujimorista partido Fuerza Popular (56) y grupos minoritarios.

Los roces entre el Congreso y Vizcarra, quien carece de bancada y de partido político, se repiten desde el año pasado, pocos meses después de que éste asumiera el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuckzynski, acusado también de corrupción en el caso Odebrecht y hoy en prisión domiciliaria.