BUENOS AIRES.- El 19 de marzo de 2020 a las 18:00 horas Alberto Fernández, presidente de Argentina, acompañado por cuatro gobernadores, Axel Kicillof (Buenos Aires), Horacio Rodríguez Larreta (Capital Federal), Gerardo Morales (Jujuy y Omar Perotti (Santa Fe), anunciaban el inicio de la cuarentena obligatoria bajo el título “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)”.
Con poco menos de ocho horas, la ciudadanía se tuvo que preparar para un encierro que ya va por su día 113, provocando separación de grupos familiares que no contaron con el tiempo suficiente para reagruparse.
La gran mayoría no cree que esa decisión atemporal se deba al deseo presidencial «de cuidarlos a todos todas y todes» como expresa Fernández, sino más bien a la urgencia de preparar un sistema de salud público que perdió dos meses claves de tiempo, dada la impericia del ministro de salud Gines González García, quien en el mes de enero había sentenciado que el virus «no llegaría a la Argentina» y que su preocupación era el dengue. Para el momento que el COVID-19 se hizo presente en el país quedó en evidencia que no había plan establecido con anterioridad, sin embargo el ministro, definido por el presidente como un «gran amigo» no fue alejado de su cargo.
Cerca del día 43 de la cuarentena, apareció la primera crisis en el Gobierno por la pandemia. Diferencias entre la ANSES (seguridad social) y la Casa Rosada derivaron en la renuncia del titular del organismo, Alejandro Vanoli.
El malestar presidencial habría sido originado ante la falta de planificación por parte de Vanoli para asegurar que el pago a jubilados se hiciera de manera tal que no pusiera en riesgo a ese grupo que había sido identificado como el más vulnerable y que representa el 95 por ciento de los fallecidos por Covid-19 , diferentes organizaciones están haciendo estudios para determinar cuántos muertes se produjeron por las decisiones tomadas por Vanoli y transitivamente por el presidente Fernandez.
Para el día del pago miles de jubilados acudieron a los cajeros bancarios, en donde pudieron visualizarse filas de hasta 500 metros en donde se vio la falta de prevención respecto al distanciamiento social, razón por lo que los 45 días de cuarentena previa ordenada por el presidente para principalmente «cuidar a nuestros ancianos», se vio desvirtuada, situación que provocó una nueva extensión de la cuarentena, a pesar de que el daño ya se había producido.
Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, fue quien le solicitó a Vanoli su renuncia y posteriormente aseguró: «No se fue por decisión propia sino que el presidente le pidió la renuncia». Llama la atención en la opinión pública que el renunciado ministro, luego de poner en juego la salud pública, fuera designado por Fernández como presidente de la poderosa Superintendencia de Seguros de la Nación, un cargo bien conocido por Fernández, ya que él lo ocupó en la década del noventa durante el gobierno de Carlos Menem.
La Fundación Idea, un organismo que vela por la democracia alrededor del mundo, escribió una carta que se titula: Una Llamada para Defender la Democracia.
“La pandemia de COVID-19 amenaza algo más que la vida y el sustento de pueblos de todo el mundo. Es también una crisis política que amenaza el futuro de la democracia”. Con esta frase, cruda pero cierta, comienza la misiva.
Los regímenes autoritarios alertan que la crisis sanitaria es usada para silenciar a los detractores y fortalecer su poder político, restringiendo derechos humanos y reforzando la vigilancia sin consideración alguna por las restricciones legales disminuyendo la supervisión del Poder Legislativo.
Este 9 de julio, día de festejo de la Independencia de Argentina, quedó en evidencia el fuerte pesimismo de la sociedad en plena pandemia del COVID-19.
Si bien Argentina es un país que está acostumbrado a los sobresaltos financieros y sociales, la de hoy marca una situación de difícil retorno, algunos analistas consideran que la coyuntura es “peor que la del 2001”, año en que la Argentina entró en default, con más de 300.000 comercios que han cerrado sus actividades de manera definitiva, el país se encamina sin duda a la peor crisis económica de su historia.
Por otro lado, existe un malestar popular pocas veces visto tras la decisión de Fernández de restituir la jubilación de privilegio del ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou, condenado por actos de corrupción y cumpliendo prisión domiciliaria, como así también la pronta liberación de Lázaro Báez, el principal acusado en la denominada «ruta del dinero K» por la causa que investiga actos de corrupción de los Kirchner, en donde Báez habría actuado de testaferro del entonces matrimonio presidencial.
Tras la masiva protesta de este jueves, Cafiero desestimó los reclamos de la ciudadanía y apuntó a la oposición al asegurar que “mientras muchos argentinos ponen en riesgo su salud y la de su familia luchando contra el coronavirus, ellos están en pantuflas en su casa fomentando el odio”.
Al mismo tiempo, la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, inoportunamente al inicio de la pandemia esgrimió que no hacían falta controles de temperatura en los aeropuertos internacionales «porque cualquier persona se puede tomar un antitérmico una hora antes de bajar del avión o también se puede dar el caso de que algún pasajero tenga fiebre porque está atravesando un caso de influenza común”.
Ahora, cuatro meses después, la misma funcionaria sostiene que “cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”, sembrando el pánico entre quienes puedan presentar síntomas de gripe común.
Los datos se imponen a la realidad y cuestionan si los funcionarios están a la altura que demanda la coyuntura mundial y local, con un derrumbe de la actividad económica que afecta a 285.000 trabajadores registrados, y mucho más a los informales no asalariados.
Para finalizar, en las últimas horas el índice de contagios de COVID-19 por día superó la barrera de los 3.000 y se espera que pronto colapse el sistema de salud, ese mismo sistema que el ministro Ginez González García no preparó en el mes de enero cuando dijo que el «virus nunca llegaría a la Argentina».
