MANAGUA.—Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han reforzado su dominio total sobre Nicaragua con la ratificación de una reforma constitucional aprobada este jueves por el Parlamento.
La medida les otorga un control absoluto sobre todos los poderes del Estado y la sociedad civil, consolidando su mandato como presidente y «copresidenta».
Entre los cambios más significativos, el periodo presidencial se extiende de cinco a seis años, y Murillo, anteriormente vicepresidenta, adquiere formalmente el título de «copresidenta». Esta modificación, aprobada en noviembre en un primer debate legislativo y ratificada ahora en una segunda votación, oficializa su ascenso dentro del esquema de poder nicaragüense.
Ortega, de 79 años, gobernó el país en los años 80 tras la revolución sandinista y ha estado en el poder desde 2007. Sus opositores lo acusan de instaurar una «dictadura familiar» junto a Murillo, de 73 años.
La reforma fue aprobada por unanimidad en un Congreso dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y establece que los copresidentes coordinarán el funcionamiento de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, eliminando la independencia que estos órganos habían mantenido en el pasado.
El abogado y activista de derechos humanos Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU, calificó los cambios como una «destrucción total del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua». La reforma también contempla la aplicación retroactiva de la ampliación del mandato presidencial, permitiendo que Ortega y Murillo continúen en el poder hasta 2028.
Además, la Constitución ahora define a Nicaragua como un Estado «revolucionario» y «socialista», e incorpora la bandera rojinegra del FSLN como un símbolo patrio. «Esta reforma sella un nuevo capítulo en nuestra historia de bendición, libertad y dignidad nacional», celebró Murillo, defendiendo el modelo de «democracia directa» que promueve su gobierno.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación. La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la reforma profundiza el deterioro de las libertades civiles y políticas en el país.
Desde las protestas de 2018, que dejaron al menos 320 muertos según la ONU, el gobierno ha endurecido su control sobre la sociedad. La nueva Constitución otorga al Estado la facultad de vigilar a la prensa y a la Iglesia para evitar que actúen bajo «intereses extranjeros». También permite sancionar a empresas que apliquen restricciones comerciales a Nicaragua, en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Otro punto controversial de la reforma es la oficialización de la pérdida de nacionalidad para quienes sean considerados «traidores a la patria», una práctica que el régimen ya ha aplicado a más de 450 opositores. Asimismo, establece la creación de una «Policía Voluntaria», un cuerpo auxiliar compuesto por civiles, que recuerda a los grupos armados encapuchados utilizados en 2018 para sofocar las manifestaciones. Hasta la fecha, más de 15.000 personas han sido juramentadas como miembros de esta fuerza.
Con esta reforma, Ortega y Murillo afianzan su modelo de gobierno, eliminando cualquier vestigio de oposición institucional y asegurando su continuidad en el poder por al menos una década más.