LA PAZ.- El Parlamento de Bolivia, dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), abrió investigaciones especiales sobre casos de corrupción denunciados contra el Gobierno provisional de Jeanine Áñez, incluido el escándalo por la compra de respiradores españoles.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la resolución de conformación de Comisión Especial Mixta que investigará el supuesto sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores artificiales por el Ministerio de Salud”, anunció vía Twitter la oficina de prensa de la Vicepresidencia del Estado.
En la misma sesión, el Parlamento creó otra comisión que investigará varios hechos de supuesta corrupción ocurridos en las principales empresas públicas, desde la instalación del Gobierno de Áñez en noviembre pasado tras la salida de Evo Morales (2006-2019).
Las comisiones presentarán sus informes con urgencia, debido a la proximidad de las elecciones en las que se renovará completamente el Parlamento, pudiendo eventualmente recomendar la apertura de juicios penales o de responsabilidades contra quienes cometieron las irregularidades, anunció el senador masista Omar Aguilar.
El MAS cuenta con seis de los nueve miembros de cada una de las comisiones creadas, compuestas por senadores y diputados, y los demás puesto fueron repartidos entre partidos conservadores, incluido del Demócratas de la presidenta Áñez.
De acuerdo con la resolución, los parlamentarios investigarán tanto el precio de los respiradores de emergencia marca GPA Innova, por los cuales el Gobierno pagó un total de 4,7 millones de dólares, además de denunciados tráficos de influencias en la adquisición de los equipos.
Sociedades médicas y universidades locales, que crearon equipos similares a precios considerablemente más bajos, observaron también que los respiradores comprados resultaron inservibles para las salas de terapia intensiva del país.
Por este hecho, desde el domingo están en prisión preventiva el exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros cinco funcionarios.
Asimismo, la comisión investigará a las empresas públicas que tienen denuncias de contratos de servicios, adquisiciones y otras operaciones supuestamente afectadas por corrupción en la telefónica Entel, la aerolínea BoA y la petrolera YPFB.
Los presidente que Áñez dispuso en esas empresas fueron destituidos en las últimas semanas y puestos bajo investigación judicial.
