SAN SALVADOR.- Los principales actores políticos del El Salvador calificaron como un “golpe de Estado” la ocupación armada del Congreso ordenada por el presidente Nayib Bukele.
Sin embargo, el país centroamericano comenzó a desmontar este martes la crisis política, con el presiente asegurando que acatará las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la separación de poderes.
“Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional (…) acataremos la orden emanada”, por la máxima corte, sostiene un comunicado de la oficina de Presidencia y el Consejo de ministros.
El domingo, al ver frustrada una convocatoria a una sesión extraordinaria invocando un artículo de la Constitución, Bukele dio plazo de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe el préstamo de 109 millones de dólares para equipar al ejército y la policía.
Minutos antes de dar el ultimátum, el joven presidente había entrado a la sede del Congreso rodeado de policías antimonitenes y soldados del Ejército que portaban chalecos antibalas y fusiles de asalto.
La Corte Suprema de Justicia ordenó a Bukele que «se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
También el Máximo tribunal dejó sin efecto la convocatoria para una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que había realizado el Consejo de Ministros.
