Perú: Fiscalía denuncia a Boluarte por Rolexgate

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LIMA.—La Fiscalía de Perú ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de ser la presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en perjuicio del Estado, en el caso conocido como Rolexgate. Este escándalo está relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria habría lucido sin haberlos declarado.

Según informó el Ministerio Público en la red social X (anteriormente Twitter), la denuncia fue presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales ante el Congreso de la República.

Este procedimiento especial se aplica a altos funcionarios del Estado, quienes gozan de inmunidad, incluyendo a la presidenta. La denuncia será revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que determinará su procedencia antes de iniciar un proceso parlamentario que podría culminar en el pleno del Congreso, donde se decidirá si se recomienda acusar formalmente a Boluarte.

El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, recibió la denuncia, que consta de 63 páginas en las que se detallan los argumentos y pruebas del Ministerio Público. Según la Fiscalía, la presidenta habría recibido como donación tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera con 94 brillantes, entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, a cambio de favores relacionados con su cargo.

La Fiscalía argumenta que las adquisiciones de estas joyas coinciden con visitas del gobernador a la presidenta, y señala que el Ejecutivo emitió varios decretos de urgencia y supremos que beneficiaron a Oscorima y a su región. Estos hechos sugerirían un acto doloso por parte de Boluarte al aceptar estos objetos como donaciones.

Esta es la segunda vez que se utiliza este procedimiento contra un presidente en ejercicio. La primera vez fue durante el mandato de Pedro Castillo, lo que generó un debate jurídico sobre la aplicación del artículo 117 de la Constitución, que establece que un presidente en ejercicio solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso de manera irregular.