BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó que ninguna instalación de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional sea utilizada para la ceremonia de asunción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, en medio de una disputa institucional por el lugar donde deberá realizarse el traspaso de mando.
La instrucción fue impartida durante un acto oficial en Bogotá, donde Petro aseguró que, mientras continúe siendo comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no autorizará el uso de cuarteles o guarniciones militares para la posesión de ningún funcionario civil.
«No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste hasta el último segundo en que sea presidente para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia», afirmó el mandatario.
La decisión profundiza el conflicto con el futuro Gobierno, que impulsa la realización de la ceremonia en el departamento del Cauca y evalúa como alternativa una base militar o policial.
Hasta el momento, el Senado aprobó el traslado temporal de la sesión del Congreso al Cauca, aunque esa autorización no incluye el uso de instalaciones militares y todavía debe ser ratificada por la Cámara de Representantes.
Petro defendió que la asunción presidencial debe preservar su carácter civil y sostuvo que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder democrático.
«Las posesiones de los civiles deben hacerse ante el pueblo y no ante las armas. Las armas de la República obedecen al pueblo», señaló.
La Constitución colombiana establece que el presidente debe asumir el cargo ante el Congreso. Solo si ello no fuera posible puede prestar juramento ante la Corte Suprema de Justicia o, en última instancia, ante dos testigos.
El secretario general del Senado ya había advertido que el Congreso puede decidir dónde sesionar, pero no tiene facultades para utilizar una guarnición militar sin autorización de las autoridades competentes.
El futuro Gobierno argumenta que realizar la ceremonia en una instalación militar constituiría un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Sus críticos, en cambio, sostienen que un acto de ese tipo podría transmitir una imagen de subordinación del poder civil al ámbito militar.
Petro también justificó su decisión por razones de seguridad y advirtió sobre el riesgo de incidentes en el Cauca, uno de los departamentos más afectados por la violencia de grupos armados.
El mandatario afirmó que existen informes sobre el ingreso de armamento desde Ecuador hacia esa región y acusó a las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco de intentar generar un escenario de confrontación, aunque no presentó pruebas públicas durante su intervención.
Además, pidió a la población del Cauca evitar movilizaciones y no responder a eventuales provocaciones durante la jornada de la asunción.
El posible traslado de la ceremonia también abrió un debate sobre su costo operativo.
Legisladores oficialistas y opositores cuestionaron los gastos que implicaría desplazar al Congreso, las altas cortes, el cuerpo diplomático y las delegaciones internacionales hacia una zona que requiere un importante operativo de seguridad.
Mientras el Senado ya aprobó el cambio de sede, la decisión definitiva dependerá del voto de la Cámara de Representantes y de la resolución sobre el lugar donde finalmente se realizará la ceremonia presidencial.

