LA PAZ.— Tres grupos de la oposición política de Bolivia pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que quite la personería jurídica al partido de gobierno, por la supuesta recepción de fondos de un argentino sospechoso de narcotráfico.
Los partidos Comunidad Ciudadana, Creemos y el conglomerado civil Conade solicitaron por separado al TSE que abra una investigación de oficio y prive de su estatuto legal al Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el expresidente Evo Morales.
Senadores y diputados de Creemos, liderado por el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, remitieron una nota al TSE «para que de inmediato inicie una investigación de oficio».
Asimismo, solicitaron que proceda «a la cancelación de la personería jurídica de la organización política MAS». La base de las acusaciones es una denuncia esta semana del diputado oficialista Rolando Cuéllar, cercano al presidente Luis Arce, pero enconado crítico de Morales.
Cuéllar afirmó que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, envió en enero de 2017 una nota de agradecimiento a «Miguel Angel Salazar Yavi» por «sus grandes contribuciones económicas» desde 2014.
Según el diputado, «Miguel Angel Salazar Yavi» era en realidad el argentino José Miguel Farfán, quien fue detenido en Bolivia en 2019 y entregado a su país, donde era buscado por tráfico de droga.
La denuncia de Cuéllar implica que el MAS «habría recibido financiamiento con recursos de ‘origen ilícito”, según los opositores. El MAS rechazó las acusaciones.
Por separado, legisladores de Comunidad Ciudadana, partido liderado por el exmandatario centrista Carlos Mesa (2003-2005), demandaron una investigación y que «se proceda a la cancelación jurídica del partido de gobierno».
«No se puede recibir financiamiento de recursos ilícitos«, afirmó la diputada Luisa Nayar.
«Cómo es posible que una organización política haya recibido recursos del narcotráfico», expresó el líder de Conade, Manuel Morales, quien pidió al TSE «la apertura de una urgente investigación».
El Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) promovió la renuncia de Evo Morales en 2019.