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Policía acusada de ejecuciones extrajudiciales

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NUEVA YORK.- Human Rights Watch (HRW) ha acusado a la policía congoleña de ejecutar a al menos 27 personas, algunas de las cuales fueron atadas, estranguladas y mutiladas en una ofensiva contra las pandillas en la capital, Kinshasa, el año pasado.

La policía de la República Democrática del Congo negó las acusaciones que figuraban en un informe publicado el jueves por el grupo de derechos de Estados Unidos.

El informe, basado en entrevistas con casi 80 testigos, familiares de víctimas, funcionarios de seguridad y otros, se suma a las denuncias anteriores de que la policía de Kinshasa ejecutó a presuntos miembros de pandillas.

El presidente Félix Tshisekedi, quien juró el mes pasado, se comprometió a esclarecer los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Congo, a las que criticó con frecuencia durante el mandato de su predecesor, Joseph Kabila.

El jefe de policía de Kinshasa, el general Sylvano Kasongo, acusado en el informe de una estrecha participación en la operación, negó que hubiera ocurrido. Llamó al informe «una falsificación» y dijo que «estas son acusaciones falsas», cuando fue contactado por la agencia de noticias DPA. «La policía en Kinshasa no mató a personas. Los arrestamos y los comparecemos ante la justicia. No asesinamos», dijo a la agencia de noticias Reuters.

El informe señala que la policía llevó a cabo la Operación Likofi IV, que significa «puño de hierro» o «puñetazo» en el idioma local de Lingala, entre mayo y diciembre de 2018. Según el informe, durante la redada nocturna, policías enmascarados rodearon a jóvenes desarmados, los mataron y, a menudo, arrojaron sus cuerpos cerca de sus hogares en un aparente intento de hacer que los asesinatos parecieran delitos urbanos.

Agregó que «los asaltantes llevaban ropas civiles o uniformes de policía parciales o completos, y máscaras y capuchas para ocultar sus rostros», y las víctimas fueron estranguladas en lugar de fusiladas «ya que el uso de armas de fuego apuntaba a la responsabilidad policial de los asesinatos».

Un testigo de un asesinato ocurrido en mayo pasado le dijo a HRW que la policía estranguló a la víctima con un cable negro hasta que comenzó a convulsionar antes de arrojar su cuerpo cerca de su casa.

Algunas de las víctimas tenían marcas que indicaban que sus brazos habían sido atados detrás de sus espaldas y al menos tres tenían genitales amputados, según el informe. Las otras siete personas tomadas por la policía durante la operación aún están desaparecidas, agregó.

Los testigos le dijeron a HRW que «las víctimas estaban desarmadas y no representaban un riesgo inminente para la vida que hubiera justificado que la policía utilizara fuerza letal». Tres de los muertos eran menores, de 16 y 17 años. Un niño de 15 años está entre los desaparecidos, según el informe.

Reportes anteriores sobre asesinatos de miembros de pandillas provocaron una reacción violenta por parte de las autoridades de Kinshasa. En 2014, el gobierno expulsó al jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo después de que su oficina publicara un informe en el que acusaba a la policía de ejecutar a al menos nueve personas durante una ofensiva.

El martes, el consejo de seguridad del Congo declaró la violencia de pandillas como una de las siete prioridades de seguridad para la administración de Tshisekedi.

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