WASHINGTON.- La famosa prisión de Evin en Irán y el grupo paramilitar Ansar-e Hezbollah han sido objeto de nuevas sanciones estadounidenses, por presuntamente haber cometido «graves abusos contra los derechos humanos» contra disidentes políticos y críticos del gobierno.

En un anuncio a última hora del miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que las dos entidades, además de seis personas y una agencia de tecnología de comunicaciones, desempeñaron un papel en la «brutal represión» de manifestantes tras las recientes protestas mortales en el país. Irán rechazó las acusaciones de abusos contra los derechos humanos como «falsas» y «motivadas políticamente», dijo la agencia oficial de noticias PressTV.

Ubicada en la parte norte de Teherán, la cárcel de Evin se destaca por mantener prisioneros políticos, disidentes y ciudadanos iraníes acusados ​​de conspirar contra el gobierno. En febrero, Seyed Emami, un ecologista y profesor universitario superior, murió en circunstancias misteriosas mientras estaba detenido en Evin. Los guardias de la prisión de Evin también han sido acusados ​​de torturar y matar a personas bajo custodia. En 2003, una periodista canadiense-iraní, Zahra Kazemi, murió de «hemorragia cerebral como resultado de palizas» después de haber sido detenida por tomar fotografías de la prisión.

Estados Unidos alega que el ministerio de inteligencia de Irán y la Guardia Revolucionaria mantienen salas permanentes en Evin, «donde tienen prisioneros políticos». «Aquellos que hablan en contra de la mala administración y corrupción del régimen están sujetos a abusos y maltratos en las prisiones de Irán», aseguró Mnuchin.

El grupo paramilitar Ansar-e Hezbollah también está siendo blanco de sanciones por su supuesta participación «en la represión violenta de ciudadanos iraníes» y por trabajar con el Basij, una unidad especial de la Guardia Revolucionaria, para llevar a cabo ataques contra manifestantes estudiantiles utilizando «cuchillos, gas lacrimógeno y bastones eléctricos «.

Tres funcionarios del grupo también fueron incluidos en la lista, incluido Hamid Ostad, un líder local en Mashhad, por estar presuntamente involucrado en un «ataque de la mafia» all consulado de Arabia Saudita en esa ciudad santa.