MOSCÚ.— La medida responde al tope de 60 dólares por barril impuesto al crudo ruso por la Unión Europea, el G7 y Australia debido a la operación militar rusa en Ucrania, se aplicará hasta el 1 de julio.
En el caso de los productos derivados del petróleo, la fecha en la que se introducirá la prohibición la decidirá el Gobierno ruso, aunque no será nunca antes de febrero próximo.
La restricción a las exportaciones de crudo ruso comenzará el 1 de febrero, mientras que la fecha de inicio de la prohibición de productos derivados del petróleo llegará más tarde en una fecha que determinará el Gobierno ruso, según el decreto. La prohibición durará al menos hasta julio de 2023.
El decreto precisa que Rusia no cumplirá con los suministros de petróleo con destino a personas físicas o jurídicas en casos de contratos que incluyan «de manera directo o indirecta» mecanismos de fijación de límites al precio.
«La prohibición se aplicará durante todas las fases del suministro hasta el comprador final», subraya. Las medidas se adoptan «debido a las acciones inamistosas y que se contradicen con la legislación internacional» adoptadas por Estados Unidos, países extranjeros y otras organizaciones, señala el documento.
El límite de precio significa que cualquiera que desee acceder a una variedad de servicios occidentales vitales, especialmente seguros, podrá hacerlo si paga US$60 o menos. La medida tiene como objetivo reducir los ingresos que el Kremlin utiliza para financiar su ataque a Ucrania y al mismo tiempo mantener el flujo de crudo hacia el mercado global. El nivel de precios se revisará cada dos meses.
La producción petrolera rusa podría disminuir entre 500.000 y 700.000 barriles por día a principios del próximo año, lo que equivale aproximadamente al 5%-6% de la producción actual del país, según el viceprimer ministro, Alexander Novak.
La semana pasada Putin calificó el tope de los precios como «un atavismo colonial», aunque negó que Rusia vaya a perder dinero por ello. «Están acostumbrados a robar. Pero el mundo ha cambiado y difícilmente lo lograrán hacer hoy en día», dijo.
Además, advirtió de que limitar artificialmente los precios puede «destruir» el mercado energético internacional, ya que una reducción de la inversión en el sector puede reducir los suministros, lo que haría que los precios se disparen, con lo que pagarían precisamente los que quieren introducir dichos mecanismos.
