Santa Cruz para y exige la liberación de Camacho

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Bolivia

LA PAZ.— Un cese de actividades laborales se inició desde las primeras horas de este 30 de diciembre en el departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, para exigir la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, investigado en el llamado caso Golpe de Estado 1.

Los líderes cívicos de Santa Cruz anunciaron que la huelga durará 24 horas. «Se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 00:00 del día viernes 30 de diciembre de 2022 exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador del departamento«, indica un documento de resolución leído por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, al terminar la Asamblea de la Cruceñidad.

La asamblea repudió el «secuestro violento y posterior aprehensión» de Camacho y señaló que «el pueblo cruceño estará movilizado y en emergencia permanente» para demandar su liberación y retorno a Santa Cruz. También, respaldó la decisión de los comités cívicos provinciales de bloquear las carreteras locales e internacionales para evitar «próximos secuestros de cualquier ciudadano, dirigentes o autoridades departamentales«, como dicen que ocurrió con Camacho.

Asimismo, la asamblea acusó al Gobierno de Luis Arce de tener en marcha una «estrategia» para «provocar confrontación y caos para militarizar» la región y que esto incluye la movilización de «gente pagada para que realicen actos vandálicos y autoatentados destinados a generar violencia y muerte«.

En tanto, el bloque opositor Creemos pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares al gobernador de Santa Cruz.

Los asambleístas del bloque opositor enviaron una carta a Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explicando con detalle la situación de Camacho, quien se encuentra detenido desde el 28 de diciembre en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.

Camacho es acusado de terrorismo por organizar movilizaciones sociales y promover la rebelión de las fuerzas armadas en noviembre de 2019, que presionaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) a renunciar al cargo, con el argumento de que se cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese mismo año.