JERUSALÉN.- La nueva reglamentación permitirá que el Ministerio del Interior revoque la documentación a cualquier palestino por “incumplimiento de la lealtad” a Israel. Los damnificados acusan racismo y violación al derecho internacional.
La revocación de residencia, aprobada como ley por el Parlamento israelí, se aplicará asimismo a los casos en que ésta se haya conseguido a través de la falsificación de información. También a los que, de acuerdo con el juicio del Ministerio del Interior, el individuo haya “cometido un acto criminal”.
Los palestinos que nacen y viven en Jerusalén no tienen ciudadanía israelí, sino que obtienen documentos de residencia permanente y pasaportes jordanos temporales que utilizan para viajar. Se encuentran en una laguna legal: no son ciudadanos de Israel, de Jordania ni de Palestina. Actualmente, alrededor de 420 mil viven en Jerusalén Este.
El ministro del Interior hebreo, Aryeh Deri, dijo que la ley “permitirá proteger la seguridad de los ciudadanos israelíes” y que será utilizada “contra residentes permanentes que planeen llevar a cabo ataques”.
Adalah, un grupo de derechos de palestinos en Israel, emitió un comunicado en el que argumenta que la medida es ilícita: “Jerusalén Este se considera territorio ocupado en virtud del derecho internacional humanitario –como todas las demás áreas de Cisjordania y la Franja de Gaza– y sus residentes palestinos son una población civil protegida”. Por lo tanto, argumenta que es ilegal “imponerles una obligación de lealtad a la potencia ocupante, y mucho menos de negarles el estado de residencia permanente sobre esta base”.
