BOGOTÁ.- La nueva víctima del Ejército Nacional de Colombia, una joven indígena de 15 años, perteneciente a la etnia Nukak Makú, “habría sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del Batallón Joaquín París”, que opera en la selva del Guaviare.
El hecho fue denunciado este lunes por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Y es nueva víctima, ya que el pasado 21 de junio trascendió que otra niña de 13 años de la comunidad Embera Chamí salió de casa para comprar frutas y no regresó. Al día siguiente fue encontrada devastada llorando a las orillas de un río cercano. Ahora, la menor está bajo protección del Bienestar Familiar.
Los militares que prestaban servicio militar obligatorio en el Batallón San Mateo están detenidos en una unidad militar, más no en la cárcel, mientras esperan ser condenados.
La Fundación Paz y Reconciliación que investiga el conflicto armado aseguró que la joven de la comunidad Nukak Makú habría sido agredida de forma repetida “especialmente por dos militares” dentro de las instalaciones del batallón. Los abusos habrían ocurrido entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019, cuando pudo escapar del lugar, de acuerdo con el reporte del investigador y subdirector de Pares, Ariel Ávila.
“Al parecer, las autoridades y el Ejército tenían conocimiento del caso en el momento en que ocurrieron los hechos y no tomaron las acciones correspondientes”, indicó Ávila en declaraciones a la prensa colombiana recogidas en el boletín.
En un comunicado, el Ejército repudió el hecho y aseguró que inició una investigación disciplinaria “tan pronto” tuvo conocimiento de la denuncia. La indagación, señaló, fue “verificada” por el Ministerio Público y se está a la espera de los resultados.
No obstante, estos casos de violencia sexual infantil están lejos de ser aislados en el país como aseguran los mandos castrenses y hasta el propio presidente Iván Duque. Entre enero y mayo de 2020 Medicina Legal realizó exámenes a 6.749 niñas, niños y adolescentes en procesos por abuso sexual. Así como hay que asumir que existen oficios en los que no puede haber lugar para “manzanas podridas”, un calificativo que se ha vuelto frase trillada para justificar las aberraciones cometidas por quienes sirven al Estado.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que desde que el Gobierno decretó la cuarentena el 25 de marzo, se han iniciado 3.619 procesos de restablecimiento de derechos por casos de violencia sexual contra niñas, y 364 contra niños.
El gobierno y el alto mando militar han condenado los ataques que salen a la luz precisamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años.
Sin embargo, a los uniformados no les aplicará esta norma porque no había sido promulgada y por efectos de retroactividad, según juristas colombianos.
