WASHINGTON.— Donald Trump lanzó este fin de semana una fuerte amenaza contra Venezuela, asegurando que el país sufrirá un coste “incalculable” si no acepta de inmediato a los deportados que Washington quiere devolver. El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y denunció una “guerra no declarada” en el Caribe.
En un mensaje en Truth Social, el presidente estadounidense acusó a Caracas de haber obligado a miles de presos y pacientes de instituciones psiquiátricas a emigrar hacia EE. UU. “Fuera de nuestro país ya. O el precio que pagaréis será incalculable”, advirtió Trump.
Según sus palabras, entre los deportados figuran delincuentes y enfermos mentales a los que calificó como “lo peor del mundo”, y aseguró —sin ofrecer pruebas verificables— que su llegada habría provocado miles de heridos y muertos.
La respuesta de Caracas llegó de inmediato. El Gobierno de Maduro acusó a Washington de desatar una escalada militar en el Caribe y exigió a la ONU abrir una investigación internacional.
Señaló también que operaciones de la Marina estadounidense contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico habrían dejado al menos 14 muertos en las últimas semanas, mientras cuestionó el despliegue de buques de guerra y cazas F-35 en Puerto Rico como un gesto de hostilidad.
El envío de fuerzas navales y aéreas por parte de EE. UU. agrava el clima de confrontación. Analistas advierten que la crisis puede tener un fuerte impacto en la política migratoria estadounidense y en la estabilidad regional, al tiempo que Venezuela busca apoyos en foros internacionales para frenar la presión de Washington.
Las fricciones entre ambos países no son nuevas. En los últimos meses, EE. UU. intensificó las deportaciones de venezolanos bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros, alegando riesgos de seguridad. Caracas sostiene que se trata de una estrategia de presión política contra el Gobierno de Maduro.
La amenaza de Trump supone un paso más en la confrontación abierta con Venezuela. Mientras Washington endurece su discurso migratorio, Maduro intenta recabar respaldo internacional para denunciar lo que califica como una ofensiva militar y diplomática.
La incertidumbre crece en medio de una escalada que combina migración, despliegue militar y acusaciones cruzadas sin señales claras de diálogo.
