WASHINGTON.— La administración de Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de EE. UU. que intervenga en su intento de destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesoría Especial (OSC), un organismo independiente encargado de proteger a los denunciantes de irregularidades en el gobierno.
El Departamento de Justicia presentó el recurso luego de que la jueza federal Amy Berman Jackson bloqueara temporalmente el despido de Dellinger el pasado 12 de febrero, ordenando su restitución mientras continúa el litigio.
Dellinger, nombrado por el expresidente Joe Biden con un mandato de cinco años hasta 2029, demandó a la administración Trump tras recibir un correo electrónico el 7 de febrero notificándole su despido «con efecto inmediato».
En su demanda, argumentó que Trump excedió su autoridad, ya que la ley federal solo permite la remoción del titular de la OSC por «ineficiencia, negligencia en el desempeño del deber o mala conducta en el cargo».
La jueza Jackson sostuvo que Dellinger probablemente ganará el caso, señalando que su despido «contraviene claramente» las protecciones legales del puesto. Además, destacó que el Congreso diseñó la OSC para «garantizar su independencia y protegerla de los cambios políticos».
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó el sábado la apelación del gobierno de Trump en una votación 2-1, por considerar que el fallo de Jackson era solo una medida temporal.
El intento de destitución de Dellinger se enmarca en una serie de despidos de funcionarios encargados de supervisar la administración pública. El mes pasado, Trump despidió a 17 inspectores generales de agencias federales sin dar explicaciones, en lo que se ha interpretado como un esfuerzo por eliminar obstáculos a su control sobre el aparato estatal.
La Oficina de Asesoría Especial supervisa denuncias de irregularidades dentro del gobierno, investiga represalias contra denunciantes y hace cumplir la Ley Hatch, que restringe la actividad política de los empleados federales.
Con este recurso, Trump busca un respaldo judicial que le permita avanzar en la reestructuración de los organismos de control dentro del gobierno.
