WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su director presupuestario, Russell Vought, el jueves para determinar qué “Agencias Demócratas” recortar, mientras busca afectar políticamente a su oposición en el segundo día de un cierre del gobierno.

“No puedo creer que los Demócratas de la Izquierda Radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

Trump ya ha congelado fondos federales para transporte y energía verde en estados con mayoría demócrata y ha amenazado con despedir a más empleados federales durante el cierre, que comenzó el miércoles debido a un enfrentamiento partidista en el Congreso.

Se espera que Trump termine expulsando a 300.000 empleados federales antes de fin de año.

En su publicación, Trump mencionó la participación de Vought en el Proyecto 2025, un plan de la conservadora Heritage Foundation que propone reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal. La administración de Trump ya ha implementado varios aspectos de ese plan, como desmantelar el Departamento de Educación y limitar el poder del gobierno para combatir la contaminación.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que Trump podría despedir a miles de trabajadores, aunque no dio detalles. Varios sindicatos de empleados federales han presentado demandas para impedirlo, pero los tribunales federales han permitido que los despidos continúen mientras se resuelven casos similares.

La senadora Patty Murray, principal demócrata en el Comité de Asignaciones, advirtió a Trump que más despidos no ayudarán a resolver el estancamiento legislativo que mantiene cerrado al gobierno.

“Si el presidente despide a un montón de personas, no es por su cierre, sino porque ÉL decidió despedirlas”, dijo Murray, de Washington, en redes sociales. “Las personas no son herramientas de negociación y es indignante que el presidente trate a los trabajadores federales como peones. Hacer amenazas y decidir hacer daño no me ganará mi voto”.

El cierre del gobierno, el 15º desde 1981, ha suspendido investigaciones científicas, informes económicos y una amplia gama de actividades. Programas de beneficios importantes, como la Seguridad Social, continuarán enviando pagos.

Un estancamiento en el Congreso ha congelado aproximadamente 1,7 billones de dólares destinados a operaciones de agencias, lo que representa cerca de un cuarto del gasto federal anual. Gran parte del resto se destina a programas de salud, jubilación y pagos de intereses sobre la creciente deuda de 37,5 billones de dólares.

Se ha suspendido el pago de aproximadamente 2 millones de empleados federales, de los cuales unos 750.000 fueron instruidos a no trabajar, mientras que otros, como tropas y agentes de la Patrulla Fronteriza, deben trabajar sin remuneración. Muchos podrían enfrentar dificultades personales si el estancamiento no se resuelve antes del 15 de octubre, fecha en que se emitirían los próximos cheques de pago.

Un cierre prolongado podría afectar el transporte aéreo, amenazar la ayuda alimentaria para millones de estadounidenses y afectar las exportaciones y las solicitudes de hipotecas. Sin embargo, los cierres pasados no han tenido un impacto duradero en la economía estadounidense. El más largo duró 35 días en 2018-2019, durante el primer mandato de Trump, debido a un conflicto sobre inmigración.

El cierre comenzó a la medianoche del martes, cuando demócratas y republicanos no pudieron acordar un proyecto de ley de gasto que permitiera que las operaciones de las agencias continuaran después del 1 de octubre, inicio del nuevo año fiscal. Los demócratas insisten en que cualquier proyecto de ley de financiamiento también debe extender los subsidios de salud que vencen a fin de año, mientras que los republicanos sostienen que ambos asuntos deben tratarse por separado.

Se espera que el cierre continúe al menos hasta el viernes, cuando el Senado se reúna nuevamente para abordar el tema. Los republicanos de Trump tienen mayoría en ambas cámaras, pero las reglas del Senado requieren al menos siete votos demócratas para aprobar un proyecto de ley de financiamiento.

Mientras tanto, Trump ha dejado claro que ejercerá presión sobre sus oponentes apuntando a programas gubernamentales que ellos apoyan. Los demócratas califican estas acciones como toma de rehenes, que deja sin empleo a estadounidenses comunes y además viola la autoridad constitucional del Congreso sobre el gasto federal.

Los republicanos han mostrado poca preocupación hasta ahora, argumentando que la administración puede priorizar el gasto como lo considere si el Congreso renuncia a su responsabilidad de aprobar los presupuestos.

“Cuando el Congreso corta el financiamiento y los fondos se agotan, corresponde al comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos, determinar cómo se gastarán esos recursos”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. “Esa responsabilidad se la dieron los demócratas en el Senado. No pueden quejarse por ello”.