NAIPYIDÓ.- El gobierno militar de Birmania ha detenido a unas 260 personas tras el golpe de Estado perpetrado el lunes 1 de febrero, mientras que están previstas para este viernes nuevas manifestaciones masivas en rechazo al mando castrense.
Políticos, activistas, abogados y miembros del movimiento iniciado de desobediencia civil, entre otros, son parte de los arrestados por las autoridades militares a raíz de la asonada.
En tanto, la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) denunció que “desde el jueces el número de arrestos se está incrementando” en un comunicado donde eleva a 262 el número de personas detenidas por los militares, incluidas 21 que ya fueron puestas en libertad.
Los partidarios de la destituida líder demócrata de Birmania, Aung San Suu Kyi, pidieron una acción internacional más dura contra la junta militar, mientras las fuerzas de seguridad llevaron a cabo otra serie de detenciones, entre las que se encuentra al menos un médico que participó en la campaña de desobediencia civil cada vez más intensa. En algunos lugares, la gente se concentró para impedir que se llevaran a los detenidos.
En uno de los episodios, la policía detuvo a una popular figura local de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada del país, lo que se topó con la resistencia de decenas de vecinos que acudieron a la comisaría donde permanecía cautivo para exigir su liberación.
Este viernes están convocados grandes movilizaciones a lo largo del país, al igual que suceden de manera ininterrumpida en todo el territorio desde el sábado pasado, para expresar el rechazo de los birmanos al gobierno castrense, que ya región en el país con dureza desde 1962 hasta 2011.
Asimismo, la junta militar que gobierna Birmania decretó una amnistía con motivo del 74 aniversario del Día de la Unión, con la que se beneficiarán más de 23.000 presos comunes.
El documento, citado por el diario The Global New Light of Myanmar, se extiende a los castigos impuestos antes del 31 de enero de 2021 y prevé entre otras cosas la conmutación de la pena capital por la cadena perpetua y las reducciones de largos plazos de prisión.
